LA VIOLENCIA SE QUEDA_LA CONTINUACIÓN DE LA POLITIQUERÍA POR OTROS MEDIOS

LA VIOLENCIA NO SE IRÁ

JORGE ANTONIO DÍAZ MIRANDA

Martes 27 de Noviembre de 2012

I.

Un tsunami de basura informativa y versiones arregladas vomitan los principales medios de comunicación, sobre todo radiales y televisivos, con contadas y notables excepciones claro. Pero la tesitura dominante es de justificación y pontificación de las verdades a medias generadas patéticamente por el gobierno perdedor que ya se despide. Mas la verdad es que el fin de fiesta calderonista se realiza en medio de un coro de tragedia griega con el telón de fondo de ciudades incendiadas y el cadáver de la miss Sinaloa 2012 asesinada en el fuego cruzado de militares y sicarios… Al mismo tiempo, distintas voces disidentes van perfilando las verdaderas dimensiones del fracaso del último sexenio panista con el Estado sobre endeudado, cuentas publicas quebradas, estados y municipios sin dinero, sociedad demolida por la violencia, el desempleo creciendo y por consiguiente la pobreza (PNUD, 2012), la involución y el retroceso más que evidente del desarrollo social en combate a la pobreza (informe CEPAL,2012) salud y educación. Pero eso no es todo. Enmarcando el caos, la danza de la muerte cobra dimensiones catastróficas en el fracaso inmenso de la “gran política de seguridad del sexenio que atacó los efectos pero no las causas, con una vaguedad de alusiones pero no con la certeza de un problema específico, definido y delimitado con una metodología social objetiva” (Vid. Mauricio Merino y Fernando Escalante (2012) Crímenes políticos y mal diseño de políticas públicas). La última cifra de decesos vinculada al crimen nos la ofrece la  organización México Evalua, cuyo balance a noviembre de 2012 es de 101,109 muertos con 300,000 victimas colaterales entre ellas muchos huérfanos, 30,000 personas desaparecidas (de las cuales 6,000 son desapariciones forzadas, es decir con un algún grado de participación de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano de acuerdo a Santiago Corcuera, HRW & IA) y más de 450000 personas desplazadas por el vacio de autoridad en distintas zonas de conflicto. Estas cifras ponen a México en la misma categoría de violencia que alcanzaron en su día la guerra de los Balcanes -cuando la desintegración de la ex Yugoslavia-, o, de la segunda guerra del Golfo en  Irak, con más de cien mil muertos respectivamente. La guerra no declarada del valiente cruzado Calderónico-el-puro, hizo blanco principal en la sociedad y afectó todos sus aspectos vinculantes, perturbando, inhibiendo o neutralizando con el terror cualquier intento de oposición o resistencia. Si bien los derechos humanos fueron multicitados como motivos discursivos para legitimar la política beligerante del conservadurismo de la última presidencia panista, en la práctica los poderes ejecutivo y judicial se encargaron de acotarlos severamente, reduciéndolos a una categoría más de indefensión jurídica. Pero he aquí lo central: el cacareo y la consternación hipócritamente simulada del conservadurismo gobernante no pudieron ocultar el hecho de que la guerra calderónica no se hizo para solucionar el problema de la producción, acopio, trasiego, distribución o consumo de drogas ilegales; se hizo tan sólo para reorganizar el mercado y conectar las élites políticas, financieras, empresariales, burocráticas, militares y policiacas, a la cuantiosa repartición de utilidades del gran negocio ilegal. Peor aún, tras el aparente éxito punitivo del proceso de persecución del crimen organizado –signifique lo que signifique para el gobierno federal-, la verdad se impone: poco o nada afectó descabezar a los cárteles pues la prosperidad del negocio está intacta, así como su expansión económica o incluso su diversificación. En este sexenio de supuesta guerra contra los criminales, malosos, la mafia o la insurgencia criminal.,  el tráfico de drogas ilegales se convirtió en un negocio trasnacional con presencia en los principales mercados internacionales. Los muertos y víctimas no formaron parte significativa del cálculo de conveniencias políticas puesto que  la economía del país, primero y último objetivo de la racionalidad neoconservadora, estuvo fuertemente asentada en la liquidez financiera, provenga de donde provenga, “haiga sido como haiga sido”, su gestión, generación, obtención, concentración o circulación.  Así las cosas, no es de extrañar que el balance final del parte de guerra del felipato, únicamente se celebre la captura o eliminación de 27 de los 31 principales jefes de los cárteles mexicanos de la droga, omitiendo por supuesto lo incómodo, es decir el costo social, pues al relacionar el número de capos detenidos o asesinados  con la cifra total de muertos se obtiene un indicador terrorífico: por cada jefe atrapado o asesinado murieron 3744 personas.   

II.

Mucho se ha insistido en la presente semana sobre los excesos del estado mayor presidencial en el operativo desplegado alrededor del Congreso de la Unión para garantizar la seguridad en la ceremonia de trasmisión de poderes del presidente electo Enrique Peña Nieto. Los vecinos de las colonias aledañas al recinto fueron tomados por sorpresa y de la noche a la mañana despertaron en medio de un cerco militar que impuso medidas excesivas que van desde la detención arbitraria hasta la revisión obligatoria de bolsos y mochilas, sin mencionar la desviación vial o la interrupción incluso de la ruta del trolebús. El reclamo de los actores políticos de izquierda se ha tornado intenso por la aparente indignación y la solidaridad con los ciudadanos afectados. Las patéticas explicaciones de Pedro Joaquín Coldwell o José Murillo Karam, han dejado en suspenso a la población en general que ve fortalecida la sospecha de la continuidad del enfoque beligerante por parte del presidente electo Enrique Peña Nieto y con ello el desfondamiento de la esperanza social de parar la violencia a través de un cambio radical de estrategia del nuevo gobierno. No se debe olvidar el origen priista del presidente electo, de cuyo presidencialismo emanó las directivas de guerra sucia en un período largo de la historia reciente 1964 a 1982, de ahí el perfil represivo de Enrique Peña Nieto ya se ha manifestado en el pasado en el caso Atenco y que los excesos de los manifestantes fueron contrarrestados eficazmente con los aún mayores excesos policiacos consistentes en golpizas, violaciones, torturas, desapariciones forzadas, procesos judiciales sin defensoría legal, persecución facciosa, estado de sitio a la población y linchamiento mediático. Un hecho significativo que fue anunciado en las últimas semanas fue la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública dirigida por el super policía del panismo Genaro García Luna, que será incorporada en el nuevo esquema de gobierno a la Secretaría de Gobernación. Desde luego que es prematuro adelantar los escenarios ante este cambio pero sin duda no es ocioso y mucho menos desdeñable elaborar hipótesis de sus implicaciones a mediano y largo plazo. Un primer aspecto a leer en ese sentido es el desconocimiento por parte del gobierno electo de todos los acuerdos que el felipismo estableció con los grupos criminales a los que no atacó frontalmente en su sexenio, quedando en el aire una re negociación de pronósticos reservados y alcances potenciales que incluye en sus probabilidades una escalada mayor de violencia y muertes. Un segundo aspecto que puede desprenderse de lo anterior es la inestabilidad que seguirán padeciendo ciertas zonas en conflicto mientras se vuelven a reorganizar y reagrupar las células criminales ante la desaparición o detención de sus jefes. Reorganización que puede tornarse en un pacto de estabilidad y colaboración, o bien de acciones terroristas ante la insistencia del Estado en reducir la presencia de los grupos delictivos y sus respectivas células. La reorganización de los grupos delictivos está también condicionada por la presión estadounidense que en ciertos estados legalizó la mariguana, principal producto de exportación de los cárteles mexicanos, lo que obliga a una diversificación hacia otros mercados y otros productos y servicios.