REFORMA LABORAL EN ESPAÑA
PARADOJA IDEOLÓGICA y ENGAÑO PÚBLICO
By Jorge Antonio Díaz Miranda
Lunes 25 de diciembre 2012
Un año después
de la llegada al gobierno de Mariano Rajoy con el Partido Popular (PP), y
nueves meses después de la imposición de la reforma laboral en España (en
adelante RLE), más de 800 mil personas han engrosado la lista del
desempleo y por primera vez, sin
precedente en la historia reciente de España, la tasa de población activa en
paro supera el 25%, es decir seis millones de personas desempleadas. Las innovaciones
tan esperadas de RLE se han manifestado, pero en un sentido adverso a las alegres
previsiones que en su día sostuvieron, con intencionada superficialidad, tanto Mariano
Rajoy como su ministra del trabajo Fátima Bañez. Y es que desde la implantación
de RLE han aumentado los expedientes de regulación de empleo (léase despidos en
masa “justificados y legalizados”) en más de un 130%; y la temporalidad del
empleo también aumentó un 80%. RLE tampoco ha generado un incremento en la
contratación de jóvenes en la modalidad de capacitación para el trabajo. De
hecho, este sector aumentó su tasa de desempleo de 42.3% a 53% en el mismo
período de nueve meses que RLE lleva desde su entrada en vigencia. A final de
cuentas, el desempleo aumentó y se extendió a nada menos que 1.7 millones de
familias que tienen a todos sus miembros en paro.
La mala
gestión durante la aguda crisis económica europea, realizada por políticos, y los sectores financieros y empresariales,
españoles, ha operado un retroceso generalizado en todos los órdenes
vinculantes de la sociedad española que padece una parálisis de crecimiento,
consumo y producción de la riqueza. Las medidas tomadas por el gobierno de
Rajoy pueden catalogarse como de emergencia y pánico, mismas que amenazan con
agravar aún más las tensiones sociales acumuladas de los últimos meses. La
sombra de la quiebra de las finanzas públicas puede ser una realidad que no
está lejos de cumplirse cuando se terminen de llevar a cabo los compromisos internacionales
contraídos por España con la Troika (Fondo Monetario Internacional, Banco
Central Europeo y el Bundestag alemán), cuyo renglón principal y brumoso es el
rescate de Bankia y otros institutos financieros anexos, que por años han
realizado prácticas fraudulentas, consistentes en utilizar discrecionalmente los
ahorros de sus clientes en inversiones arriesgadas o tóxicas, con perdidas
totales irrecuperables. Las letras pequeñas del contrato de rescate para España
propuesto por la troika, exige recorte de programas sociales, contención
salarial y flexibilidad laboral.
La paradoja justificativa
de la que emerge RLE, ante la que el oficialismo gobernante del PP se hace de
la vista gorda, es que no resuelve lo que dice resolver, y en última instancia aprovecha
la crisis para poner en vigencia un capitalismo salvaje de las postrimerías de
la primera revolución industrial. Mediante complejos y rebuscados razonamientos
técnicos, se busca imponer en la opinión publica verdades a medias sobre la
“valiente” necesidad de dinamizar y flexibilizar el mercado laboral,
encubriendo las causas de la crisis, trasladando en secreto los costos del
quebranto económico a los que menos tienen, es decir a los trabajadores y sus
familias. “Despedir a la gente para abrir la posibilidad de nuevas
contrataciones”, es la máxima de RLE. Pero la enorme inconsistencia de RLE y la
de muchos instrumentos parecidos, diseñados por la troika como cataplasma para
intentar parar la sangría terminal que padecen las economías de España, Italia,
Grecia, Irlanda, Portugal y otros más, es que no detienen el desempleo, ni
mejoran las condiciones de contratación o trabajo. El problema es que la teoría
económica clásica, de la que se vale el stablishment
europeo (léase la troika), no sirve de mucho en el contexto de inestabilidad y
crisis económica, pues la expectativa de planificación a futuro que propone
como racionalidad de proyección, crecimiento y socialización del capital (es
decir el índice de distribución de la riqueza)
para salir de la crisis, no se está cumpliendo. Por el contrario. El abaratamiento
del despido sólo profundiza, agrava y hace recurrente la crisis. Al final, el
fundamento racional - tecnocrático de RLE no es más que una ideología
ultraconservadora basada en favorecer la empresa.
Hoy por hoy,
como en los mejores tiempos del franquismo y la leyenda de la España Negra, 1
de cada 5 españoles vive bajo el umbral de la pobreza. RLE no ha detenido el
cierre de empresas que cotizan en el sistema de Seguridad Social: antes de su
aprobación 1.4 millones de empresas, después de su aprobación sólo 1.2 millones
de empresas. Las dentelladas de RLE ha
cercenado no pocos derechos laborales que se percibían como conquistas
sociales: las indemnizaciones por despido improcedente, la modificación
arbitraria de las causas de despido, las facilidades que se otorgan a las
empresas para la modificación de horarios, salarios o jornada laboral. El nuevo
esquema RLE de facilitar el despido ha tenido un impacto directo e inmediato al
destruir casi un millón de empleos, sin que ello tenga una relación directa en
la salvación de empresas o en el mejoramiento de su productividad. La
depreciación del salario es otra de las modificaciones centrales de RLE al
reducirse sostenidamente por los contratos de formación y aprendizaje,
ampliando su tiempo de duración de 1.5 años a 3 años. En el contexto de la
crisis la reducción del salario es un duro golpe al poder adquisitivo de las
familias y la inflación una amenaza constante de presión adicional, que puede
ser gravosa si agregamos a ello la carga adicional de los miembros de las
familias, que pudiendo trabajar no encuentran fuentes de empleo. Los jóvenes
son por mucho el sector más afectado, ya que en lo inmediato no encontraran
empleos con estabilidad labora y proyección profesional: al comparar el enorme
índice de temporalidad de ese sector de la población (56%) con la cifra de rescisiones
(52,8600), la probabilidad de despido es mayor que el de permanencia.
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