Fotografia de Carlos Mamahua, publicada en la Jornada.
VEINTIDOS TESIS SOBRE
EL USO DE LAS FUERZAS ARMADAS
EN LA LUCHA VS EL NARCOTRÁFICO EN MÉXICO
2006-2007
Jorge Antonio Díaz Miranda
2007
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Existe evidencia histórica -siglo XIX y XX- que asocia a los gobiernos conservadores con el ejército en el marco de un régimen autoritario, amparado discursivamente en el imperativo categorial del Derecho, las leyes y las normas.
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La caracterización ´conservador` alude a una forma reductiva de situarse en el mundo, una perspectiva analítica más bien plana, fragmentaria y superficial; sujeta discursivamente a las nociones “fundacionales” de tradición, patria, identidad, y orden.
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Dentro de un esquema de conservadurismo el ejército constituye la base material operativa, desde la cual se impone el orden y se resguardan los valores, sin que esto sea necesariamente justificado por el Derecho al que apelan los conservadores.
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Verdad, objetividad y contraste son categorías gnoseológicas que son detentadas en el discurso conservadurista, sin embargo son empleadas dentro de una interpretación única generada desde las instituciones del Estado. De este formalismo positivista, Verdad, objetividad y contraste pierden sus propiedades de generalidad y neutralidad para convertirse en categorías absolutas que el Estado emplea como criterios de discriminación y coacción.
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La premisa de las normas y los procedimientos bajo los cuales se conducen los gobiernos conservadores son, por un lado la no autonomía de los poderes, y por otro lado, la concentración del mismo en un solo vértice del Sistema.
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En México es una añeja practica el conservadurismo como régimen de gobierno aun cuando sus manifestaciones sean diversas, similiberal (priísmo y los gobiernos de la revolución) o bien fundamentalista (panismo y los gobiernos del cambio). Hay por supuesto un tercer conservadurismo que no ha ocupado aún la jefatura del Estado, el PRD y su conservadurismo liberal. Su emparentamiento parte del inventario axiológico que se ostenta en su plataforma ideológica y en su realismo ingenuo respecto a la aplicación de las leyes, el bueno gobierno y el uso del poder.
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El narcotráfico se ha instalado en México, entre otros factores, gracias a la cultura de la corrupción. Aún falta una comprensión global de los efectos generados por esta cultura en cuanto a organización, operación, mantenimiento de redes sociales (cárteles) o células (zonas de control), y líneas de mando (desconcentración y empoderamiento); tanto desde el punto de vista de su peso económico, su significación social y la tensión moral que provoca su distribución económica y consumo.
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El tráfico de drogas ilegales es una actividad económica redituable cuyas tasas de producción, distribución y ganancia tienen un crecimiento anual en sentido geométrico, en relación directa a las leyes vigentes que prescriben su prohibición.
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La estructura material del narcotráfico lo constituyen el capital que genera y concentra, la organización bajo la cual opera, la tecnología empleada, la información y el uso de la violencia, en ese orden de funcionalidad.
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La dimensión tecnológica ha dotado al narcotráfico de una operatividad simultánea, global y eficiente.
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Las organizaciones de narcotraficantes sobreviven a sus capacidades de previsión que incluyen actividades de inteligencia, es decir, espionaje, simulación, infiltración, detección, seguimiento, supresión y/o corrupción de mandos en distintos niveles.
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El ejército es la única institución capaz de hacer frente a un poder semejante al de las organizaciones de narcotraficantes, sin embargo la movilidad del ejército debe basarse en cuerpos especializados y en actividades de contrainteligencia, sobre todo detección, seguimiento y neutralización.
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Pese a las demostraciones de efectividad del uso del ejército en la lucha contra el narcotráfico el sistema judicial en México es incapaz por si mismo de procesar con un sustento jurídico confiable las actividades ilegales asociadas a la distribución de sustancias prohibidas.
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La simulación es una práctica usual de los gobiernos en México, y constituye una exageración de poderes y atribuciones del Estado, una sobre dimensión de sus atributos y obligaciones, en este sentido cualquier acción emprendida incluso utilizando al ejército constituye un mera expresión simbólica para consumo de usuarios de los mass media –principalmente la TV y la Radio-. Los efectos de estas acciones suelen ser neutralizadas por la capacidad de recomposición y reorganización de los narcotraficantes que como cualquier otra organización también puede ‘aprender’ y mejorar acciones de evasión que amortiguan o absorben la fuerza del impacto de la maquinaria del estado.
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En la lucha contra el narcotráfico se puede ilustrar la serie de paradojas mortales que suelen generar los gobiernos conservadores al confundir la autonomía con la dependencia, el orden con la ley, el poder con el monopolio de la violencia, la persuasión con la efectividad, la realidad con la verdad a medias, la potencia de fuego con la certeza de un triunfo táctico y estratégico, la estadística con la realidad, etc.
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No hay evidencia alguna de que los operativos militares del Gobierno de Felipe Calderón hayan provocado una disminución de la producción, distribución y ganancias de las actividades del narcotráfico, ni de la violencia generada por sus comandos.
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En lo táctico el gobierno ha fallado en su apreciación de la estructura del narcotráfico en México, no enfrenta a una sola organización, no enfrenta a un mando unificado, no enfrenta a un solo grupo, no enfrenta a un poder único.
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En general el brazo operativo del poder judicial, es decir la policía, tanto e su dimensión federal y estatal, y en sus diversos servicios regulares o especializados, constituye un obstáculo en contra de la lucha frontal al narcotráfico. Se trata de una institución vulnerada por su apertura, su indisciplina y su falta de preparación. Una característica típica de la policía es su descentralidad, es decir, existen organizaciones dentro de la organización, distintos mandos dentro de los mandos, facciones, contrapuestas, etc. Su operación no depende del principio de coordinación o intercambio de información consiste más bien en un desorden premeditado que tiene una variopinta de sentidos oscurecidos por el secreto, la corrupción y la simulación.
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Jueces y magistrados son sujetos activos en esta desorganización del sistema judicial.
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El discurso del derecho y el imperativo categórico de las leyes suelen citarse solo para efectos de invocar una ‘legitimidad superficial’ o una valides a priori de las acciones del gobierno sin considerar los problemas de definición tipificación, sanción y efectividad procesal de los instrumentos que utiliza el Derecho del cual emana supuestamente este discurso conservador.
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El escenario del combate al narcotráfico en México en el corto, mediano y largo plazo esta destinado a un fracaso a gran escala que fortalecerá la estructura de la organización de los cárteles en México que seguirán operando como células diseminadas en todo el territorio nacional, en las instituciones judiciales, legislativas y la alta burocracia del mismo gobierno, que combatirán al Estado con estrategias de violencia escalada, guerra de baja intensidad y la infiltración hacia el ejercito. El autoritarismo del gobierno conservador aumentará en relación directa a la disminución efectiva de su poder, de su capacidad operativa y de su legitimidad.
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El uso irracional de las fuerzas armadas, la ausencia de un criterio racional y una concepción estratégica definida, la ineficacia y el uso mediático del despliegue de tropas, constituye a juicio de quien esto escribe indicadores claros de la debilidad del Estado Mexicano y de su titular Felipe Calderón Hinojosa frente a un conjunto de poderes fácticos no tan pesados pero más efectivos que las instituciones republicanas.
©Jorge Antonio Díaz Miranda
México a 22 de marzo de 2007.
Nigrum est Singulatum
