CIERTAS MISERIAS DEBAJO DE LA ALFOMBRA

CIERTAS MISERIAS DEBAJO DE LA ALFOMBRA

by Jorge Antonio Díaz Miranda

Martes 2012-06-05

“Las instituciones universitarias que imparten saberes, no son ajenas a las tensiones sociales, tampoco a las correlaciones de fuerza de los intereses contrapuestos en lucha por el poder. Las universidades mexicanas reproducen en sus respectivas autonomías, formas organizativas centralizadas, nucleadas alrededor de la figura del rector, que funge a lo largo de seis años como un gobernador que concentra el mayor contrapeso político a la hora de tomar decisiones estratégicas sobre la racionalidad burocrática, marco normativo, procesos y procedimientos, presupuestario  y sobre la delegación de responsabilidades. La junta de gobierno es un enlace directo con el poder político de la sociedad, es decir los tres poderes de la federación, en su expresión local y nacional. El Consejo Universitario, conformado por profesores y maestros constituye un dispositivo burocrático para la legitimación de las decisiones ejecutivas. La federación de estudiantes y los sindicatos, conforman un bloque flexible que se inclina hacia los beneficios devengados de la estructura centralizada, aunque con un contrapeso mínimo y una acción de conciliación, canalización y contención de desacuerdos potenciales; es decir, un mecanismo tripartita de desactivación de conflictos”.            

Hace rato que la Universidad Pública mexicana se separó de la sociedad a la que dice servir, para cerrarse en un selecto universo de élites académicas-administrativas concéntricas para la transmisión de saberes y habilidades especializadas.  Desde las postrimerías de los años 60´s  del pasado siglo, las universidades públicas fueron consideradas por el Estado mexicano, como áreas prioritarias de observación y seguimiento, dentro de un esquema amplio de pacificación, reorientación ideológica, control social y neutralización. De modo que fueron sometidas a un escrutinio y fiscalización, presionando desde sectores bien identificados con la comunidad de inteligencia adscrita al aparato represivo del Estado. A la par de ello, los presupuestos fueron reducidos y etiquetados, bajo el argumento de obligar a las universidades públicas a  presentar resultados específicos como el incremento de la matrícula o el mejoramiento de indicadores de  eficiencia terminal. Este esquema de control fue afinado como política pública de educación superior y alcanzó su máxima expresión en la segunda mitad de la década de los noventa con la eclosión de la “cultura de la calidad”, que es coincidente con los postulados de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Si bien es cierto que este “proceso modernizador” mejoró aspectos tales como el perfil del profesorado, el acercar la investigación a la docencia y la modernización de la infraestructura de aulas, salas de medios, laboratorios, auditorios y sedes deportivas; el rezago de la estructura organizativa universitaria basado en una férrea centralidad fue más que evidente. De hecho ese centralismo se sigue defendiendo como un bastión que apuntala la autonomía, la diversidad de los saberes, la otredad tolerante y plural, así como el ethos humanista supuestamente inmanente a la universidad. Por otra parte, este esquema de modernización tampoco contribuyó con la equidad en la distribución de recursos financieros. Hasta nuestros días el presupuesto de la UNAM es muchas veces superior al presupuesto destinado para todas las universidades públicas del país. La UNAM es un universo aparte y nada tiene que ver con el resto de las universidades de provincia, vamos, ni siquiera con sus más cercanos competidores como el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Autónoma Metropolitana. Volviendo a la situación organizativa de las universidades –incluida la UNAM-, la modernización no llegó a sus órganos de gobierno que lamentablemente sigue estacionada en el centralismo rectorial con poco o nulo margen de genuina expresión democrática.  Aunado a lo anterior, las figuras oscuras del porrismo y la fosilización estudiantil, la presencia de sindicatos voluminosos y poco eficaces en términos laborales, los consejos universitarios controlados, y, las pomposas-costosas-nuevas-burocracias del conocimiento (encarnados en la difusa figura de Profesores-investigadores); conforman un inquietante universo que se auto regula separándose del resto de la sociedad para gravitar en las orbitas erráticas de los círculos políticos más conservadores y reaccionarios. La convivencia del poder con las universidades no es nueva y forma parte de un esquema de interlocución que es inaccesible al dominio público.

De lo anterior, se desprende una matización necesaria concerniente a las manifestaciones de los estudiantes provenientes de universidades públicas, adheridos al movimiento yo soy el #132 (que inició en universidades privadas). La postura crítica de esos estudiantes, es independiente de sus instituciones y no refleja la opinión de sus autoridades ni del conjunto diverso que conforman escuelas, facultades, centros e institutos de investigación. Si bien es legitima la demanda de mayor democratización de la vida del país, también lo es para el ámbito de la Universidad Pública, ya que su esquema organizativo actual beneficia y conserva al stablishment contra el que protestan esos mismos estudiantes. La autonomía universitaria no puede ser un pretexto para alejar el escrutinio público o un argumento para que la universidad no se haga cargo de sus obligaciones sociales, o bien, para seguir dialogando en secreto con los pontífices del poder en busca de cabildear prebendas,  privilegios y ventajas de corto o mediano plazo.

Si algo de lo anterior no es cierto, entonces que se den a conocer las nóminas de los políticos habilitados como profesores que cobran salarios que nada tienen que ver con la crisis financiera de la universidad pública; amén de otros desfiguros que favorecen lo que una profesora investigadora de una universidad de provincia llamó “el derecho natural del profesor-investigador a la reproducción sociológica”, es decir, el nepotismo de heredar a hijos, sobrinos o incluso nietos, puestos académicos inventados a modo, becas y subsidios cuantiosos, convocatorias “públicas” con perfiles que sólo cumplen selectos elegidos del dedazo, prestaciones de funcionari0s de gobierno para un grupo reducido de burócratas alineados; y todo ello fundado en una arbitraria prerrogativa dinástica.