UNA
CONFESIÓN QUE NO CUADRA
Y
VARIAS ANOMALÍAS PROCESALES
QUE
SE DEBEN ACLARAR
JORGE
ANTONIO DÍAZ MIRANDA
Mayo
2014
I
Supongo que después del
“amable trato” que te dispensan los ministeriales dirás lo que sea, incluso “confesar”.
Léase en lugar de “amable trato”, madriza (propinada con distintas técnicas de
contusión “invisible”), manguerazos de
alta presión (con agua fría con una presión de varios kilogramos por centímetro
cuadrado), descargas eléctricas en los testículos (El sujeto es empapado con
agua y luego se le hace pasar un arco de corriente eléctrica en las gónadas), pozito
(cloaca pestilente que contiene en su interior asustadas ratas famélicas), tehucanazo
en la nariz (taponamiento de las mucosas de la nariz por acción vasopresora
combinada de irritantes, gaseosa y
pimientos), embolsamiento del rostro (asfixia inducida con bloqueo simultáneo
de conductos aéróbicos), pozolito con
mierda (idém), humillaciones verbales (inducción
de estrés psicológico para producir desorientación semántica), confinación
aislada en los separos con embotamiento de los sentidos, interrupción del sueño
(evitación frecuente del ciclo REM o sueño profundo), …etc, y más delicadezas
que las fuerzas del orden emplean habitualmente para “extraer” la confesional. Pero
contrario a lo que piensa el indignado comisionado Capella, los ciudadanos no
inventamos esas historias. Los periodistas tampoco. Vamos, ni siquiera aquellos
que trabajan haciendo tabloides de la nota roja. Es la historia negra de la
policía secreta en la década de los 70’s, la policía judicial (en los 80 y los
90´s) y ahora de la policía ministerial (así denominada partir del año 2000),
heredera contumaz de estas lamentables prácticas cavernarias. Durante los años
de la guerra sucia, la Dirección Federal de Seguridad aplicaba la tortura y las
desapariciones forzadas, de forma profusa. Esta institución fue creada por los
“cachorros” de la revolución, cuando el PRI se institucionalizó como partido
único en el poder. Siete décadas de “administrar justicia” de forma
discrecional, forjaron la desconfianza social que ahora no se puede quitar, ni
a golpe de declaraciones de la supuesta Nueva Visión. Es pertinente puntualizar
que la policía no creo ese sistema de tortura, pues encontraremos evidencia que
su formación se gestó en los tiempos de la conquista española, cuando el
Capitán General instituyó el aperramiento y la piqueta para hacer hablar a los
indígenas acerca del oro y las gemas. Casi enseguida se instituyó el feroz
Santo Oficio católico que persiguió herejes por casi dos siglos de colonia. Al
llegar el porfiriato, los censores políticos, la policía secreta y los rurales,
aplicaban tormentos para los opositores, que incluía modalidades de
humillación, trabajo esclavo, tortura y fusilamiento. Hasta llegar a los
regímenes posrevolucionarios que cobijaron tal barbarie con un velo
institucional y leyes judiciales aplicadas discrecionalmente. El panorama de
nuestros días es similar al del pasado con un sistema de justicia costoso,
ineficaz y opaco, en el que, de acuerdo a la Visitaduría de Derechos Humanos de
la ONU, la impunidad predomina y se fabrican presuntos culpables a través de la
tortura.
II
Por lo expuesto en las líneas
anteriores, no es de extrañar que “la confesión” sea otra vez la estrella en el
caso del asesinato de Alejandro Chao Barona y su esposa la señora Sara
Rebolledo. Sólo que esta vez, no escapa de la percepción social el uso político
de las declaraciones de uno de los inculpados, difundida como “evidencia” en
los principales medios de comunicación, escrita, televisada, radial, redes
sociales e internet. Es evidente que Graco y sus funcionarios quieren quitarse
de encima la presión social, haciendo creer que esta vez la policía actúo con
eficacia al “detener” a tres sospechosos, uno de los cuales ya “confesó” el
móvil del asesinato del matrimonio Chao-Rebolledo. Pero el contenido de la
confesión ofrece información que no apareció en las primeros testimonios
recabados de los testigos, amén de la deficiente edición de sonido. Por
ejemplo: la alarma activada, el portón que se abrió, la camioneta que entró al
domicilio conducida por el catedrático, las llaves robadas a la señora Sara,
con la que los supuestos asaltantes pudieron abrir el portón de acceso pero no la
puerta de la casa, el móvil de la venganza por un supuesto despido, y el hecho
de que primero fueron acreditados como albañiles y en la confesión trabajadores
del invernadero…etc. El contenido de la confesión es en sí mismo hilarante, y
no tiene pies ni cabeza. Ante esto, los periodistas no pueden dar por sentado
que el caso está resuelto.
La Fiscalía
General del Estado de Morelos aún debe
aclarar aspectos adjuntos de su investigación:
Primero:
La forma en que fue realizada la
aprehensión de los indiciados,
Segundo:
La imputación de los indiciados por narcomenudeo,
Tercero: La oposición de parte del Director de Investigación y Procesos Penales de la
Fiscalía Regional Metropolitana, Ricardo Delgado, para que la visitadora de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos, Perla Bahena, corroborará directamente el estado
físico de los detenidos, pocas horas después de su detención. Este hecho fue
consignado en la queja 304/2014-2. Por último,
Cuarto:
Por qué en la confesión que “realiza” Mario Antonio Solaya, principal imputado, no está presente ningún abogado defensor.
Será
mejor que la mencionada Fiscalía presté atención a estos detalles, a riesgo de
que el caso se les caiga por enésima vez por integración indebida de la carpeta
de investigación.
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