LA INSEGURIDAD SOCIAL
COMO POLÍTICA DE ESTADO
By JORGE ANTONIO DÍAZ
MIRANDA
30 de septiembre de
2012
La extinción de la clase trabajadora, tal como la
conocemos hoy, es un fenómeno en curso directamente proporcional a la
desregulación y la flexibilización de las relaciones laborales. El precio de
sostener el tamaño de la economía mundial está en razón de depreciar y
precarizar las condiciones del empleo. De esta manera, pasamos rápidamente de
una sociedad del trabajo a otra de riesgos incalculables, de acuerdo al
sociólogo alemán Ulrich Beck, profesor emérito de la Universidad de Munich y de
la London School of Economics. La temporalidad, la discontinuidad y la
informalidad, laborales, abren la ruta de tensiones sociales extremas una vez
que minan cualquier forma de relación equitativa entre los obreros y la clase
patronal. Las nuevas generaciones golpeadas por la sombra del subcontrato (outsourcing),
ya no podrán contar con la seguridad de las prestaciones sociales pues estas,
en el nuevo esquema de reforma laboral, pasan a formar parte del conjunto de
privilegios discrecionales de las empresas, suprimiendo así las obligaciones
del Estado en el arbitrio y procuración de prestaciones sociales. La tendencia
mundial es la contención salarial y la reducción de contraprestaciones, lo que
significa menos regulación gubernamental y preeminencia del sector empresarial.
Mientras el salario crece a una tasa aritmética, los precios del mercado se
inflan en proporciones geométricas. De tal modo que el trabajo y las
condiciones de existencia de la gente se caracterizan ahora por la
incertidumbre y la inseguridad. Al estrés inducido por el trabajo compulsivo
debe agregarse ahora el estrés de lo incierto cuando mañana los puestos de
trabajo desaparezcan o se sometan a una arbitraria intensificación. El contexto de la crisis
económica del capitalismo global disuelve, lenta pero inexorablemente, los
valores esenciales de la de la sociedad de trabajo, tales como la democracia, las
garantías jurídicas, el desarrollo social, la libertad política, la salud, etc.
Polarizando la sociedad con un cumulo de tensiones des-legitimizadoras, propias
de sociedades autoritarias. Esta expansión de la nueva economía política de la
miseria, enmarca una lucha de apropiación y expropiación de los instrumentos de
la seguridad social por parte de actores económicos sin ataduras territoriales
(capitales, finanzas, flujos comerciales trasnacionales), interesados por espacios de poder des-regularizados. En este
sentido los gobiernos y sus aparatos legislativos han sido cooptados a través
de los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Central Europeo o bien la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico, con el propósito de forzar la implantación de reformas
laborales a un alto consto de enfrentamiento social con sindicatos y centrales
obreras, en todo el mundo. Reformas laborales que, en una perspectiva general
se parecen por contener elementos comunes tales como la subcontratación, el
trabajo de tiempo parcial sin contrato fijo, multi-actividad, jornada laboral
intensa, rol de horarios, prestaciones sociales mínimas, salarios bajos, sin
derecho a asociación sindical y nula o escaza regulación gubernamental. En esa
orientación, Alemania es modélica por su forma de contener la crisis de su
economía, pero debajo de la superficie del milagro alemán se encuentra el
incremento del empleo precario y des-regularizado, que hoy ocupa cerca del 40%
de su población económicamente activa. En todo el mundo “la flexibilización del
mercado laboral” es la nueva letanía de las clases políticas, para lograr
–dicen con cínica demagogia- mayor competitividad y desarrollo económico
sostenido. Pero dicho de otro modo, la flexibilidad significa que las empresas
puedan despedir más fácilmente a los trabajadores. En términos concretos, el
proceso de apertura y desregularización laboral significa que el Estado y la
economía trasladan los riesgos de quebranto a los ciudadanos de a pie. Como si
no fuera suficiente las elevadas tasas fiscales que se cobran, o las crisis
cíclicas en donde el sector público asume las deudas del sector financiero
privado, a precio de constreñir sectores clave para el desarrollo humano. Hoy
por hoy la estabilidad macroeconómica
implica menos democracia, menos desarrollo, más pobreza, menos salud y
menos educación. El trabajo para toda la
vida va desapareciendo y como consecuencia el paro o la parcialidad laboral se
hacen estadios dominantes de involución y precarización de las condiciones de
vida. Esta tendencia no puede ser explicada tan sólo a partir de los modelos
clásicos de crisis del capitalismo. Niklas Luhman en su libro La Sociología del
Riesgo, atribuye esta tendencia a: 1) los éxitos del capitalismo
tecnológicamente avanzado, 2) la exportación de empleos hacia países de renta
baja. Lo que en perspectiva, es una amenaza de supresión o sustitución de todos los empleos remunerados.
Así, la política de la inseguridad social provoca un efecto de escisión y
disgregación de esquemas, que anteriormente se reforzaban mutuamente, como el
empleo remunerado, las pensiones, los elevados ingresos fiscales y la libertad
de elección de políticas de inversión social. En la situación actual el empleo
remunerado se está tornando precario, los sistemas de pensión están en crisis y
el Estado de bienestar se derrumba. La crisis económica ha revelado el lado más
oscuro de la política, aquel que se aleja de la representatividad y el mandato
democrático para transformarse en un lobby de presión del sector privado,
defraudando incluso a quienes reivindicaban el derecho individual de los
ciudadanos en una economía capitalista liberalizada. Esa desilusión de las
promesas de los políticos no es tan sólo una percepción, está fundada por una
inseguridad endémica de ganancias salariales decrecientes, empleos volátiles y
contratos de lenocinio. Contexto en el que por cierto hasta los estratos
sociales más prósperos de la clase media están amenazados.
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