LA INSEGURIDAD SOCIAL COMO POLÍTICA DE ESTADO

LA INSEGURIDAD SOCIAL COMO POLÍTICA DE ESTADO

By JORGE ANTONIO DÍAZ MIRANDA

30 de septiembre de 2012

La extinción de la clase trabajadora, tal como la conocemos hoy, es un fenómeno en curso directamente proporcional a la desregulación y la flexibilización de las relaciones laborales. El precio de sostener el tamaño de la economía mundial está en razón de depreciar y precarizar las condiciones del empleo. De esta manera, pasamos rápidamente de una sociedad del trabajo a otra de riesgos incalculables, de acuerdo al sociólogo alemán Ulrich Beck, profesor emérito de la Universidad de Munich y de la London School of Economics. La temporalidad, la discontinuidad y la informalidad, laborales, abren la ruta de tensiones sociales extremas una vez que minan cualquier forma de relación equitativa entre los obreros y la clase patronal. Las nuevas generaciones golpeadas por la sombra del subcontrato (outsourcing), ya no podrán contar con la seguridad de las prestaciones sociales pues estas, en el nuevo esquema de reforma laboral, pasan a formar parte del conjunto de privilegios discrecionales de las empresas, suprimiendo así las obligaciones del Estado en el arbitrio y procuración de prestaciones sociales. La tendencia mundial es la contención salarial y la reducción de contraprestaciones, lo que significa menos regulación gubernamental y preeminencia del sector empresarial. Mientras el salario crece a una tasa aritmética, los precios del mercado se inflan en proporciones geométricas. De tal modo que el trabajo y las condiciones de existencia de la gente se caracterizan ahora por la incertidumbre y la inseguridad. Al estrés inducido por el trabajo compulsivo debe agregarse ahora el estrés de lo incierto cuando mañana los puestos de trabajo desaparezcan o se sometan a una arbitraria  intensificación. El contexto de la crisis económica del capitalismo global disuelve, lenta pero inexorablemente, los valores esenciales de la de la sociedad de trabajo, tales como la democracia, las garantías jurídicas, el desarrollo social, la libertad política, la salud, etc. Polarizando la sociedad con un cumulo de tensiones des-legitimizadoras, propias de sociedades autoritarias. Esta expansión de la nueva economía política de la miseria, enmarca una lucha de apropiación y expropiación de los instrumentos de la seguridad social por parte de actores económicos sin ataduras territoriales (capitales, finanzas, flujos comerciales trasnacionales), interesados  por  espacios de poder des-regularizados. En este sentido los gobiernos y sus aparatos legislativos han sido cooptados a través de los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo o bien la Organización  para la Cooperación y Desarrollo Económico, con el propósito de forzar la implantación de reformas laborales a un alto consto de enfrentamiento social con sindicatos y centrales obreras, en todo el mundo. Reformas laborales que, en una perspectiva general se parecen por contener elementos comunes tales como la subcontratación, el trabajo de tiempo parcial sin contrato fijo, multi-actividad, jornada laboral intensa, rol de horarios, prestaciones sociales mínimas, salarios bajos, sin derecho a asociación sindical y nula o escaza regulación gubernamental. En esa orientación, Alemania es modélica por su forma de contener la crisis de su economía, pero debajo de la superficie del milagro alemán se encuentra el incremento del empleo precario y des-regularizado, que hoy ocupa cerca del 40% de su población económicamente activa. En todo el mundo “la flexibilización del mercado laboral” es la nueva letanía de las clases políticas, para lograr –dicen con cínica demagogia- mayor competitividad y desarrollo económico sostenido. Pero dicho de otro modo, la flexibilidad significa que las empresas puedan despedir más fácilmente a los trabajadores. En términos concretos, el proceso de apertura y desregularización laboral significa que el Estado y la economía trasladan los riesgos de quebranto a los ciudadanos de a pie. Como si no fuera suficiente las elevadas tasas fiscales que se cobran, o las crisis cíclicas en donde el sector público asume las deudas del sector financiero privado, a precio de constreñir sectores clave para el desarrollo humano. Hoy por hoy la estabilidad macroeconómica  implica menos democracia, menos desarrollo, más pobreza, menos salud y menos educación.  El trabajo para toda la vida va desapareciendo y como consecuencia el paro o la parcialidad laboral se hacen estadios dominantes de involución y precarización de las condiciones de vida. Esta tendencia no puede ser explicada tan sólo a partir de los modelos clásicos de crisis del capitalismo. Niklas Luhman en su libro La Sociología del Riesgo, atribuye esta tendencia a: 1) los éxitos del capitalismo tecnológicamente avanzado, 2) la exportación de empleos hacia países de renta baja. Lo que en perspectiva, es una amenaza de supresión o  sustitución de todos los empleos remunerados. Así, la política de la inseguridad social provoca un efecto de escisión y disgregación de esquemas, que anteriormente se reforzaban mutuamente, como el empleo remunerado, las pensiones, los elevados ingresos fiscales y la libertad de elección de políticas de inversión social. En la situación actual el empleo remunerado se está tornando precario, los sistemas de pensión están en crisis y el Estado de bienestar se derrumba. La crisis económica ha revelado el lado más oscuro de la política, aquel que se aleja de la representatividad y el mandato democrático para transformarse en un lobby de presión del sector privado, defraudando incluso a quienes reivindicaban el derecho individual de los ciudadanos en una economía capitalista liberalizada. Esa desilusión de las promesas de los políticos no es tan sólo una percepción, está fundada por una inseguridad endémica de ganancias salariales decrecientes, empleos volátiles y contratos de lenocinio. Contexto en el que por cierto hasta los estratos sociales más prósperos de la clase media están amenazados.