JORGE ANTONIO DÍAZ MIRANDA*
20 de diciembre de 2011
Desde 1992, existe en Naciones Unidas, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CIDB). Este instrumento internacional es muy importante para México ya que es uno de los llamados Países Megadiversos. Esto quiere decir que México, al igual que otros países como Brasil, Rusia, India o Mongolia; cuenta con una gran diversidad de animales y plantas además de ecosistemas como bosques, desiertos, montañas, playas, humedales, selvas, etc. Un aspecto particularmente sugerente de CIDB es el relacionado con las comunidades indígenas y núcleos poblacionales rurales que habitan dentro de los ecosistemas mencionados y que resguardan conocimientos tradicionales concernientes sobre Medicina, conservación, agricultura sustentable e interacción equilibrada. De acuerdo con este convenio internacional, México, debe hacer esfuerzos para preservar los conocimientos tradicionales, así como el conjunto de la cultura de los más de 60 pueblos indígenas y los núcleos rurales del país, pues son considerados como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Desde la perspectiva internacional y considerando la situación de deterioro ambiental sostenido desde la primera mitad del siglo XX, CIDB declara que la protección de los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados, debe ser considerada por los países, entre ellos México, como una acción estratégica de alta prioridad para garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas y los núcleos agrícolas. En ese sentido, CIDB propone una serie de medidas para que los gobiernos, en todos sus niveles, interactúen directamente con las comunidades, evitando la cadena de intermediarios y gestores (lobbys), que, en los hechos, casi han paralizado el desarrollo social de los pueblos indígenas y núcleos rurales, a expensas de la corrupción, el nepotismo, la arbitrariedad y el tráfico de influencias. Por supuesto que esa situación de involución social y atraso, reconoce CIDB, solo favorece los intereses de grandes industrias que se ciernen voraces sobre los recursos naturales, como agua, madera, tierra, minerales, farmacéuticos, productos agrícolas y ganadería; con el único propósito de sobre explotar, monopolizar e intensificar su producción.
CIDB, propone a los gobiernos, el apego estricto a instrumentos internacionales vigentes, como la Carta de la Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos Indígenas (aprobada por la Asamblea General en su resolución 61/295 del 02 de octubre de 2007); en su relación con los pueblos indígenas y los núcleos agrarios, y en todas y cada una de las acciones para la preservación de su cultura, promoviendo activamente democracia, desarrollo social, prospectiva, actividades económicas, financiamiento, reconocimiento, autonomía, libre determinación e identidad. La base material de este reconocimiento, de acuerdo con CIDB y la OIT, es el TERRITORIO que habitan las distintas comunidades, que forma una Unidad Social, Ecológica, Económica, Política y Cultural, regida por los Usos y Costumbres Tradicionales. Consecuentemente, señala CIDB, los gobiernos deben transferir validez jurídica, dentro de sus legislaciones internas, a las asambleas comunitarias, los comités vecinales, los consejos de ancianos, médicos tradicionales; reconocidos por los pueblos indígenas y comunidades rurales. *Derechos de Autor ®
No hay comentarios.:
Publicar un comentario