ESTADO DE LOS DERECHOS INDIGENAS EN MÉXICO

ESTADO DE LOS DERECHOS INDIGENAS EN MÉXICO

JORGE ANTONIO DÍAZ MIRANDA*

12 DE ENERO DE 2012

En otro lugar me he referido a la política cero, esa forma involutiva en que los profesionales – si es que los hay-, en vez de construir puentes de dialogo y conciliación para una solución no violenta de conflictos sociales, construyen intrincados pantanos donde se pudren las mejores intenciones y se incuba la frustración. La confianza que hoy por hoy se concede al Estado mexicano tiene un declive peligroso y no por una percepción deformada de la realidad sino porque día con día –guerra habemus-, la evidencia de la ineficacia se acumula, sin que haya responsables que paguen las facturas de los errores estratégicos que, para la sociedad, se ha traducido en ocho millares de bajas y al menos 2 más de desaparecidos. Una figura peligrosa que flagela a la sociedad poli cultural de México es el vacío de autoridad. Y con ella, la cauda de corrupción, impunidad, desamparo, injusticia,  doble moral y lagunas de la ley, que hacen pensar seriamente en lo que Pedro Salazar Ugarte, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM definió como las dos caras de la ley: una para los hombres del poder y otra para las minorías a las que se les criminaliza a discreción. Recordemos aquí que el termino minoría nada tiene que ver con una magnitud numérica como si tiene que ver con el grado de indefensión jurídica, en casi todos los ordenes de lo social, como la democracia, la calidad de vida, la educación, el empleo, la salud, etc. Una situación predominante en México es que los pueblos indígenas forman parte de las minorías y esa situación los ha hecho objeto de abuso, represión, discriminación, despojo, desaparición, marginación; como en los mejores años del oscurantismo europeo con sus leprosos, sus locos y - ahora- sus extracomunitarios.

Herederos de esa tradición medieval, los políticos mestizos de México han ensayado en más de una ocasión acciones premeditadas de desestabilización de los pueblos indígenas con la pretensión –explícita o no- de reducirlos. En esa dirección no se escatiman los medios y el terror es un recurso muy socorrido, porque es mas barato matar o encarcelar que resolver los problemas. Los sicarios profesionales saben muy bien esa regla no escrita: al matar tienes un 98.2 % de probabilidad de que no te condenen aunque te atrapen. 

No es extraño por tanto, la cantidad extraordinaria de medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido con respecto al Estado Mexicano para detener esa escalada de violencia oficial que se ha volcado contra los indígenas. Sin dejar de mencionar por supuesto que a cada una de esas medidas el gobierno mexicano ha respondido de una forma curiosamente ambivalente: primero, reconociendo los abusos en un 33.8%; segundo, desestimando la competencia de CIDH para juzgar los asuntos internos del país (95%).

En el ranking mundial de comparaciones 2011, Human Rights Watch (HRW) (1) dice que el Estado mexicano ocupa el lugar 69 en corrupción y sus acciones violentas lo ubica en la misma bajeza de países como Irak respecto al trato otorgado a los Kurdos, de los Estados Unidos con Abhu Ghraib y Guantánamo, Rusia con los chechenos, Serbia con los albano-kosovares, la Unión Europea con los extracomunitarios y gitanos.

Al respecto, CIDH señala que la impunidad es predominante en el 97.8% de los casos, en que los pueblos indígenas presentan en México demandas por agravios criminales cometidos en su contra. Esta es una nota de pesimismo sobre las acciones por venir en medio de la guerra que vivimos y su diagnóstico es inequívoco respecto a un deterioro acelerado de desprotección de los pueblos indígenas.

Derechos de Autor ®

Nota (1) Human Rights Watch (2011) Neither Rights Nor Security. Killings, Torture, and Disappearances In Mexico´s “War On Drugs”. USA. ISBN: 1-56432-825-2.