La fuente solicita anonimato por cuestiones de seguridad. La cita concertada es en una cafetería ubicada en el sur de la Ciudad de México. Es una tarde lluviosa de mayo con ráfagas de viento frío. "Son bandas de policías judiciales federales las que están a cargo de la extorsión telefónica en esta ciudad..." La afirmación proviene directamente, sin preámbulos, desde el interior de un sujeto que desde fuera luce un gesto de pesadumbre. "Cada jefe de sección, cada comandante, dirige una banda específica y ellos acuerdan en que parte de la ciudad desplegarán las operaciones de su grupo. Los datos de las víctimas provienen de distintas fuentes, de los archivos policíacos en su mayoría, del IFE, los libros del fisco (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), y muchas otras. De ese modo sabemos siempre dónde golpear y lo que podemos esperar como ganancia bruta." Después de una pausa prolongada el informante amplia la información hacia horizontes indeterminados. "Yo no sé cuántos de estos casos han sido identificados por Asuntos Internos, lo único que sabemos es que los jefes pueden ser removidos o inhabilitados como servidores públicos, aunque los "operativos" prosigan y ellos pasen a desempeñar otras funciones dentro de la red de espionaje...Los judiciales federales controlan muchos otros giros pero la extorsión telefónica es redituable porque es dinero rápido, dinero limpio que no necesita justificarse, montos pequeños que tras una semana alcanza para todo, es decir comisión a los superiores, soborno a los de servicio, contentar a los anónimos (criminales coludidos con los cuerpos de seguridad)y obtener ganancias extras sin mayores esfuerzos". El informante dice tener números exactos de miembros de la policía judicial federal que están involucrados en estas redes criminales con sus respectivas adscripciones y un listado de victimas con los montos obtenidos. Sin embargo esta información la reservará para un futuro que percibe amenazante. "El gancho con el que se acorrala a los sujetos no es siempre el mismo, pero lo usual es que se le llame entre 15 y 20 veces seguidas para informarle que está siendo investigado por distintos ilícitos; se le notifica que si quiere parar la espiral procesal deberá de cubrir entre 10 mil y 20 mil pesos en un plazo no mayor a 72 horas posteriores a la última llamada... después de esto entran en acción los "licenciados" de algún despacho jurídico privado que aumentan la presión y amenazan con la cárcel o con inventar cargos flagrantes cuyo castigo es la prisión sin posibilidad de fianza..." Según la cifras recopiladas por él, en el último mes se ha obtenido un monto cercano a 350 millones de pesos en las inmediaciones de Coapa, Santa Fe o las Lomas. Pero el monto total puede trascender por mucho ésta cifra. Según nuestro informante, "no hay modo de evitar las amenazas ni las represalias porque una vez que tu denuncias el hecho todos los jefes se habrán enterado sobre el particular, dejarán pasar el tiempo hasta que se olvide el incidente y luego regresaran con una acción mayor de secuestro o intimidación".
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