TRIUNFO DEL PUEBLO YAQUI EN SONORA

Resuelve que las autoridades deben elaborar nueva resolución de impacto ambiental

Se debe consultar a yaquis sobre construcción de acueducto: SCJN

Semarnat y Profepa en Sonora pueden detener el proyecto hidráulico si advierten que causa daño irreparable a la tribu, indica la primera sala

Llama a resarcir las probables afectaciones

Fernando Jiménez y Mario Luna, representantes de la tribu yaqui, de Sonora, ante los medios luego de conocer la sentencia de la primera sala de la Suprema Corte sobre el acueducto IndependenciaFoto Jesús Villaseca

Jesús Aranda

 

Periódico La Jornada
Jueves 8 de agosto de 2013, p. 28

Las autoridades ambientales federales deberán elaborar una nueva resolución de impacto ambiental sobre la operación del acueducto Independencia, en el estado de Sonora, y deberán desahogar “a la mayor brevedad posible“ una consulta con la tribu yaqui para determinar la posible afectación a sus derechos, determinó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con el voto en contra del ministro José Ramón Cossío, la primera sala estableció ayer que la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Sonora y la dirección general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) están en condiciones de detener la operación del citado acueducto en cualquier momento, si advierten que causa un daño irreparable a la comunidad yaqui.

Los ministros señalaron que una vez concluida la consulta, y en caso de que se demuestre alguna afectación a los derechos de la tribu, la autoridaddeberá tomar acciones que resulten adecuadas, conforme a su competencia, para ponderar los intereses en juego, quedando en aptitud de tomar decisiones para resarcir o aminorar los daños que incidan en la subsistencia de la comunidad quejosa, pudiendo llegar, de ser necesario, a determinar la suspensión de sus operaciones.

Agregaron que, en el marco del procedimiento SGPA-DGIPA DG1633/11, tanto la Profepa como la Semarnat tendrán que emitir una nueva resolución de impacto ambiental,independientemente de la etapa en que se encuentre la obra, en la que se pronuncie expresamente sobre la existencia o no de una afectación a los derechos de disposición de agua de la comunidad yaqui.

Cossío, en contra

El ministro Cossío votó en contra de la decisión por considerar que en estaaclaración del amparo concedido por la sala a la tribu yaqui en mayo pasado, la corte tenía que ordenar la suspensión de la operación del acueducto hasta que las autoridades ambientales cumplieran con su obligación de desahogar la audiencia con la comunidad afectada y, posteriormente, elaboraran una nueva resolución de impacto ambiental.

Fuentes juidiciales comentaron que la propuesta de Cossío era la única forma viable de amparar los derechos de la tribu yaqui en caso de que se demuestre que sus derechos sobre el agua resultarán afectados por el acueducto, que tiene entre sus principal propósito abastecer a la ciudad de Hermosillo.

De acuerdo con el decreto presidencial de 1940, la comunidad indígena tiene derechos de disposición de la mitad del agua de la presa la Angostura para uso agrícola, precisamente ésta es la fuente principal de abastecimiento del acueducto Independencia.

Será el pleno de la corte el que resuelva en definitiva este asunto, cuando dictamine las controversias constitucionales que presentaron dos municipios en contra de la obra.

Posible cese de bloqueos

Mario Luna Romero, representante de la comunidad yaqui de Vícam, Sonora, se mostró complacido por la decisión y adelantó que abre la posibilidad de que se levanten los bloqueos realizados por indígenas yaquis en las carreteras de esa entidad.

Sin embargo, precisó que las autoridades ambientales deben cumplir con la resolución de la Suprema Corte de dejar sin efecto el actual estudio de impacto ambiental y desahogar la audiencia solicitada por la tribu como una forma de distender la situación y para que se den las condiciones en las que los afectados cesen los bloqueos carreteros en la entidad.

Bloqueos, subrayó, que se hicieron porque las autoridades federales se negaron a cumplir la sentencia de la corte de mayo pasado.

LA DEFENSA DE OLINTLA CONTRA HIDROELÉCTRICAS DE GRUPO MÉXICO

LAS ESCUELAS DEL CENTENARIO_ZIHUATANEJO GUERRERO

LOS INCENDIARIOS DE LA EDUCACIÓN

LOS INCENDIARIOS DE LA EDUCACIÓN

JORGE ANTONIO DÍAZ MIRANDA

Miércoles 1 de mayo de 2013

Mezquina, plana y simple, fue la visión que Enrique Peña Nieto tuvo desde un principio para imponer su reforma educativa. El planteamiento táctico de encarcelar a Elba Esther Gordillo y desactivar con “eso” la resistencia social a su reforma, se ha revelado como un enorme equívoco ante la complejidad social develada por el movimiento. La reforma educativa que no es ninguna reforma de fondo más que en el aspecto laboral, deja intactos la opacidad, las redes de tráfico de influencias, la corrupción y los privilegios de los privilegiados del magisterio, desplazando sólo un ápice la jetatura de la maestra y su camarilla. En cambio, deja en orfandad jurídica a los profesores que si trabajan frente a grupo en las condiciones más precarias dentro de comunidades indígenas que padecen pobreza crónica tanto patrimonial como alimentaria. No es raro por tanto que el estallido social se ubique en los estados con mayor presencia indígena, ahí donde se padeció en serio los efectos del maridaje entre los “políticos” y la corrupción del SNTE, cuando el rumbo de la educación era concertado sólo por Gordillo y el presidente en turno. Sexenios de simulación no pudieron tapar con su dedo dictador los rezagos, la inmovilidad o la involución, justo ahí donde la deserción escolar, el saqueo del sector educativo y la pobreza sentaron sus reales. Justo ahí donde todas las condiciones de malestar social se acumularon, cobrándoles a los niños indígenas una factura elevada de desnutrición crónica con efectos cognitivos y de salud a largo plazo. Justo ahí donde cientos de miles de profesores han trabajado horas extras por poco salario, mientras veían a los comisionados del SNTE en lujosas camionetas Hummer, cobrando sobresueldos, bonos de “productividad” y toda clase de prebendas y dádivas otorgadas por el gobierno. Justo ahí donde la brecha salarial entre profesores con plazas federales y estatales se hacía más y más grande. Justo ahí donde la entelequia democrática se disolvía con la presencia militar y policiaca, permanentes, en un gesto franco de pacificación forzada e imposición autoritaria. En el siglo XX Guerrero y Chiapas padecieron la represión militar más despiadada, aunque los problemas que generaron la resistencia indígena aún no terminan. En el siglo XXI Oaxaca y Michoacán fueron sometidas a un asedio continuo, el primero por la lucha magisterial y el segundo bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico. El trasfondo de la intervención militar en esos estados, fue el control social y la contención de la insurgencia, pero con una profunda negligencia política para atender los problemas de las comunidades indígenas o su integración al desarrollo de la nación. En ese contexto, la pobreza y el hambre sólo eran tópicos de la demagogia oficial o motivos redituables para que la prensa volcara ríos de tinta para elogiar “la fuerza del gobierno en su lucha contra estos flagelos indeseables”. En términos reales, las políticas sociales de combate a la pobreza fueron soberbios ejercicios del fracaso, intencional y premeditadamente, sólo significativos por los recaudos electorales obtenidos por los tres principales partidos políticos, quienes se dedicaron a forjar “legales” carteras clientelares, desviando así cuantías millonarias del erario público para sus intereses particulares. A la ofensiva policiaco-militar se acoplaron las grandes televisoras, Televisa y TV Azteca, para alinearse al gobierno y sustituir la realidad con comerciales edulcolorados o barras de programas asistencialistas; y todo con el debido pago de horario triple “A”, otra vez extraído del erario público. La posición de los media se ha mantenido en una línea de criminalización de la protesta social y la represión, como consignas de su línea editorial, por lo demás siempre atenta a subir las tarifas para no hablar de los escándalos de la clase política o de la realidad del México bronco. Lamentablemente los cálculos del oficialismo siempre van varios pasos atrás de la complejidad social y en este hoy de ambiciosas reformas políticas emergen los viejos problemas liberados de las cadenas de simulación. Por eso se manifiestan los maestros. Por eso se manifiestan las comunidades indígenas con su policía comunitaria. Por eso estalla la violencia social por la pobreza y el hambre que siguen escalando sus niveles de oprobio. Por eso la “gente” se aleja de los políticos y sus mentiras, de sus simuladas verdades y su ignorancia sibilina. Por eso se reedita la protesta social y se reorganiza, ya no son sólo los maestros, ahora vienen con sus familias, las comunidades donde ellos dan clases y todos los que han sido marginados del desarrollo. Ante esto, cabe la posibilidad de que los verdaderos incendiarios de este país, es decir, políticos, militares, élites y televisoras, planeen un incendio mucho mayor del que han provocado y desde ahora han comenzado a justificarlo: sus llamados a la represión anuncian una guerra largamente premeditada.       

"INCENDIOS PROVOCADOS"

JORGE ANTONIO DÍAZ MIRANDA ₤ MESA DE REDACCIÓN

Lunes 22 de Abril de 2013.

Hasta el viernes 19 de abril se habían contabilizado en Morelos 11 incendios y el daño en poco más de 1500 hectáreas de bosque y selva baja caducifolia, dentro de los municipios de Tlalnepantla, Tlayacapan, Huitzilac y Tepoztlán, siendo los de este último municipio los más extensos y considerados por las autoridades estatales casi incontrolables. Las afectaciones son mayúsculas para agricultores, ganaderos, apicultores y pobladores en general, afectándose la infraestructura productiva y generándose una crisis sanitaria por la combustión y la consecuente producción de humo. Ante una situación tan seria, el gobierno estatal vuelve por sus fueros para producir las declaraciones chacoteras más sensacionalistas que desde los tiempos de personajes como Pancho “Cachondo” o Félix Salgado Macedonio, no se habían registrado: “Organizaciones fantasmas han provocado los incendios en reservas ecológicas, de manera deliberada y con el propósito de cambiar el uso de suelo (Graco Ramírez, Gobernador del Estado de Morelos,  Revista Proceso 17 abril 2013) ”. De igual forma el secretario de gobierno Jorge Messeguer aprovecha la ocasión para producir chascarrillos alarmistas según los cuales “grupos brigadistas de las dependencias estatales y federales, habrían escuchado detonaciones de arma de fuego provenientes de invasores del Texcal, a quienes les interesa fraccionar la tierra para venderla posteriormente (Jornada Morelos, jueves 18 de abril de 2013) ”. En la competencia de incontinencia verbal políticamente hipócrita, el titular de la SEMARNAT en Morelos, Juan Manuel Guerra Abud, no podía quedarse atrás: “La mayoría de los incendios forestales son inducidos para fraccionar la tierra. Desgraciadamente no sabemos si los grupos de voluntarios tienen que ver con su propagación o no pero realmente se hace difícil para los helicópteros y los brigadistas operar en la zona del siniestro pues algunos impiden el eficiente desempeño de la autoridad. Habrá que investigar si esto es intencional o no pues pobladores de Santa Catarina y San Andrés de la Cal nos han informado de algunos paisanos suyos que invaden terrenos para vender tierras agrícolas, bajo el pretexto de la defensa de la tierra… (Vanguardia, jueves 18 de abril de 2013 &  El Monitor de Morelos, viernes 19 de abril de 2013).”  El cacareo incesante de los tres funcionarios citados, en apoyo de su “tesis conspiracionista “ se repite ad nauseam en cada evento público en el que hacen presencia, olvidando para su provecho algunos hechos importantes de la historia reciente: Primero: Sí bien es cierto que los incendios pueden ser provocados, esto se deriva de las prácticas agrícolas arraigados en municipios como Tepoztlán y Tlayacapan en donde los campesino queman las parcelas para eliminar el rastrojo; Segundo: las detonaciones que “escucharon” los señores brigadistas de las dependencias estatales y federales bien pudo haber sido por los gases fijados a la tierra que al entrar en contacto con fuego y oxígeno puede producir pequeñas deflagraciones; el Texcal y zonas enteras del corredor biológico Chichinautzin han sido invadidos en el pasado reciente precisamente para cambiar el uso de suelo, y hoy se encuentran bajo presión de proyectos de modernización carretera y urbana, impulsados por los mismo tres funcionarios del gobierno estatal y federal que se “indignan” por los incendios provocados; En sus fastuosas declaraciones Graco Ramiréz, Meseguer y Guerra Abud olvidaron mencionar que sus helicópteros no se presentaron a la zonas de siniestro sino hasta tres días después de iniciados los incendios, como de hecho ocurrió en el municipio de Tepoztlán en las zonas del Texcal, San Andrés de la Cal y los límites de Amatlán y San José de los Laureles; por último, los grupos de voluntarios fueron los que contuvieron la propagación de los incendios y es injusto que ahora se les quiera hacer responsables de la inoperancia de las autoridades. Ω 

MÉXICO BÁRBARO by JOHN KENNETH TURNER: ALGUNAS NOTAS SOBRE LOS ESCLAVOS DEL PORFIRIATO

 

MÉXICO BÁRBARO

by JOHN KENNETH TURNER

ALGUNAS NOTAS SOBRE LOS ESCLAVOS DEL PORFIRIATO

JORGE ANTONIO DÍAZ MIRANDA

Abril de 2012

El libro premonitorio de un liberal consecuente

En 1908 y 1909 John Kenneth Turner (1879-1948), viajó a México para corroborar por si mismo las noticias que había recogido en Estados Unidos de parte de algunos liberales mexicanos como Ricardo Flores Magón, concernientes a los esclavos del porfiriato en la etapa más sangrienta de la dictadura de treinta años. Haciéndose pasar por un prominente hombre de negocios reunió testimonios únicos de primera mano, sobre la situación de la esclavitud en México y el trabajo forzoso por deudas con el que los reyes del henequén atrapaban a trabajadores libres y los explotaban sobre la base de abusivas prácticas agiotistas. La situación observada fue registrada por Turner en el libro México Bárbaro[1] en el que anticipó que la situación social en el México de aquel entonces desembocaría en un estallido social sin precedente: “Desde la primera edición de este libro (…) se han cumplido las dos profecías (…), que México está a punto de iniciar una revolución a favor de la democracia y que Estados Unidos intervendrá con fuerzas armadas (…) para sostener a Porfirio Díaz o a un sucesor dispuesto a continuar su asociación especial con el capital norteamericano”. (MBE: Prólogo)

El objeto del libro de Turner fue informar al pueblo norteamericano sobre la situación en México y denunciar la política intervencionista del presidente Taft, la cual por cierto, intensificó la ferocidad del régimen de Porfirio Díaz y la situación de opresión-represión del pueblo mexicano. Del libro de Turner se extraen las siguientes notas sobre la situación de México en los últimos años del período más sangriento del porfiriato.    

Los esclavos de Yucatán

Turner comienza con una caracterización del régimen político de México, el cual, a pesar de contar con una Constitución moderna y del todo explícita en el respeto de la democracia, los derechos humanos, la libertad y los derechos a u trabajo digno; en la práctica es todo lo contrario:“(…) Descubrí que el verdadero México (…) es un país sin libertad política, sin libertad de palabra, sin prensa libre, sin elecciones libres, sin sistema judicial, sin partidos políticos…” (MBE: 9)

El primer punto en la ruta de búsqueda del esclavismo fue Yucatán, dentro de las haciendas cultivadoras de agave, materia prima para la producción de henequén.  En Mérida encontró haciendas del tamaño de pequeñas ciudades habitadas por 500 y hasta 2500 personas. La producción estatal de henequén era tal que en aquella época su exportación anual alcanzaba las 113, 250 toneladas. De los 300 mil habitantes de Yucatán sólo 250 eran los esclavistas y de esta élite cincuenta eran identificados como los reyes del henequén. De acuerdo a Turner todos los habitantes de las haciendas eran esclavos o estaban en camino de serlo bajo la modalidad de trabajo forzado por deudas. De los 300 mil habitantes de Yucatán en los tiempos del porfiriato, 136 mil eran esclavos (45.33% la población), de los cuales, 8 mil pertenecían al grupo indígena Yaqui (raptados y trasladados por la policía secreta desde Sonora y vendidos a los esclavistas por altos funcionarios del régimen), tres mil chinos (traficados desde su país de origen por filibusteros ingleses, estadounidense, holandeses y belgas, vendidos a intermediarios en San Juan de Ulúa o Puerto Progreso) y 125 mil indígenas mayas (atrapados en el esclavismo por deudas contraídas). Nos informa Turner que: “El principal esclavista de Yucatán y con preeminencia entre el selecto gremio de reyes del henequén, fue Olegario Molina, ex gobernador del estado y secretario de Fomento (Industrial) de México, (pues) sus propiedades en Yucatán y Quintana Roo sumaban más de 6 millones de hectáreas.” (MBE: 12)

Pero a pesar de las evidencias encontradas por Turner, ninguno de los esclavistas entrevistados por el periodista encubierto, admitió tener esclavos, sólo “trabajadores”, “obreros”, “contratados temporales” o simplemente “gente”. Sin embargo el gremio es cerrado a extranjeros que no hayan establecido su residencia en Yucatán pues teme que sus prácticas sean denunciadas a nivel internacional. Por consiguiente la producción henequenera está en manos de un monopolio de cincuenta personas. Pero Turner encuentra evidencias en las condiciones reales de vida dentro de las haciendas: “Esclavitud quiere decir propiedad (privada) sobre el cuerpo de un hombre, tan absoluta que éste puede ser transferido a otro; propiedad que da al poseedor el derecho de aprovechar lo que produzca ese cuerpo, matarlo de hambre, castigarlo a voluntad, asesinarlo impunemente (…) Tal es la esclavitud que encontré en Yucatán.“ (MBE: 13-14)

El control económico de los reyes del henequén sólo es posible por la colusión de la policía secreta y el dominio de la política de su estado. Esta élite financiera impone al gobernador y a los funcionarios, quita y pone a los representantes de las regiones, pueblos y rancherías, y todo con el afán estratégico de preservar sus ventajosos privilegios. Sobre el perfil de los reyes del henequén Turner señala que son mestizos de maya y español, proclives al régimen porfirista con el que han establecido relaciones e intereses mutuamente convenientes, además de redes de beneficio con los que compran el silencio de autoridades locales a quienes consideran como sus empleados o administradores.

El vídeo corresponde al documental hómonimo

de Oscar Menéndez

CONTINUARÁ…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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[1] Para la elaboración de este trabajo se emplea la versión en español 2008 de la editorial Ediciones Leyenda, ISBN 968-5146-01-2, y forma parte de un esfuerzo de sistematización y documentación más amplia, sobre los antecedentes recientes del México actual. En adelante las citas de la edición en español se citará como sigue MBE:2 que quiere decir México Bárbaro en español página dos.