LOS
INCENDIARIOS DE LA EDUCACIÓN
JORGE
ANTONIO DÍAZ MIRANDA
Miércoles 1 de mayo de 2013
Mezquina, plana y simple,
fue la visión que Enrique Peña Nieto tuvo desde un principio para imponer su
reforma educativa. El planteamiento táctico de encarcelar a Elba Esther
Gordillo y desactivar con “eso” la resistencia social a su reforma, se ha
revelado como un enorme equívoco ante la complejidad social develada por el
movimiento. La reforma educativa que no es ninguna reforma de fondo más que en
el aspecto laboral, deja intactos la opacidad, las redes de tráfico de
influencias, la corrupción y los privilegios de los privilegiados del
magisterio, desplazando sólo un ápice la jetatura
de la maestra y su camarilla. En cambio, deja en orfandad jurídica a los
profesores que si trabajan frente a grupo en las condiciones más precarias
dentro de comunidades indígenas que padecen pobreza crónica tanto patrimonial
como alimentaria. No es raro por tanto que el estallido social se ubique en los
estados con mayor presencia indígena, ahí donde se padeció en serio los efectos
del maridaje entre los “políticos” y la corrupción del SNTE, cuando el rumbo de
la educación era concertado sólo por Gordillo y el presidente en turno. Sexenios
de simulación no pudieron tapar con su dedo dictador los rezagos, la
inmovilidad o la involución, justo ahí donde la deserción escolar, el saqueo
del sector educativo y la pobreza sentaron sus reales. Justo ahí donde todas
las condiciones de malestar social se acumularon, cobrándoles a los niños
indígenas una factura elevada de desnutrición crónica con efectos cognitivos y
de salud a largo plazo. Justo ahí donde cientos de miles de profesores han
trabajado horas extras por poco salario, mientras veían a los comisionados del
SNTE en lujosas camionetas Hummer, cobrando sobresueldos, bonos de
“productividad” y toda clase de prebendas y dádivas otorgadas por el gobierno. Justo
ahí donde la brecha salarial entre profesores con plazas federales y estatales
se hacía más y más grande. Justo ahí donde la entelequia democrática se disolvía con la presencia militar y
policiaca, permanentes, en un gesto franco de pacificación forzada e imposición
autoritaria. En el siglo XX Guerrero y Chiapas padecieron la represión militar
más despiadada, aunque los problemas que generaron la resistencia indígena aún
no terminan. En el siglo XXI Oaxaca y Michoacán fueron sometidas a un asedio
continuo, el primero por la lucha magisterial y el segundo bajo el pretexto de
la guerra contra el narcotráfico. El trasfondo de la intervención militar en
esos estados, fue el control social y la contención de la insurgencia, pero con
una profunda negligencia política para atender los problemas de las comunidades
indígenas o su integración al desarrollo de la nación. En ese contexto, la
pobreza y el hambre sólo eran tópicos de la demagogia oficial o motivos redituables
para que la prensa volcara ríos de tinta para elogiar “la fuerza del gobierno
en su lucha contra estos flagelos indeseables”. En términos reales, las
políticas sociales de combate a la pobreza fueron soberbios ejercicios del
fracaso, intencional y premeditadamente, sólo significativos por los recaudos
electorales obtenidos por los tres principales partidos políticos, quienes se
dedicaron a forjar “legales” carteras clientelares, desviando así cuantías
millonarias del erario público para sus intereses particulares. A la ofensiva
policiaco-militar se acoplaron las grandes televisoras, Televisa y TV Azteca, para
alinearse al gobierno y sustituir la realidad con comerciales edulcolorados o
barras de programas asistencialistas; y todo con el debido pago de horario
triple “A”, otra vez extraído del erario público. La posición de los media se ha mantenido en una línea de
criminalización de la protesta social y la represión, como consignas de su línea
editorial, por lo demás siempre atenta a subir las tarifas para no hablar de
los escándalos de la clase política o de la realidad del México bronco.
Lamentablemente los cálculos del oficialismo siempre van varios pasos atrás de
la complejidad social y en este hoy de ambiciosas reformas políticas emergen
los viejos problemas liberados de las cadenas de simulación. Por eso se
manifiestan los maestros. Por eso se manifiestan las comunidades indígenas con
su policía comunitaria. Por eso estalla la violencia social por la pobreza y el
hambre que siguen escalando sus niveles de oprobio. Por eso la “gente” se aleja
de los políticos y sus mentiras, de sus simuladas verdades y su ignorancia
sibilina. Por eso se reedita la protesta social y se reorganiza, ya no son sólo
los maestros, ahora vienen con sus familias, las comunidades donde ellos dan
clases y todos los que han sido marginados del desarrollo. Ante esto, cabe la
posibilidad de que los verdaderos incendiarios de este país, es decir,
políticos, militares, élites y televisoras, planeen un incendio mucho mayor del
que han provocado y desde ahora han comenzado a justificarlo: sus llamados a la
represión anuncian una guerra largamente premeditada.
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