¡YA VIENE LA GUERRA POR EL AGUA¡

¡YA VIENE LA GUERRA POR EL AGUA¡

JORGE ANTONIO DÍAZ MIRANDA*

30 de diciembre de 2011

Más de 500 años han pasado desde que los tres valles más importantes del centro de México, el del Anáhuac, el de Toluca y el de Cuernavaca-Cuautla, sacian su sed a despecho y por encima de las poblaciones indígenas originarias. Desde las normas impositivas de las Cortes de Cádiz, la ordenanza virreinal, las leyes de redistribución del período de Reforma, aquellas de cancelación punitiva del porfiriato, hasta las adecuaciones jurídicas “revolucionarias y liberales” de la actualidad; la unidad espacial y de organización social de los pueblos indígenas del centro del país, conocida como Altépetl, se ha venido modificando drásticamente a favor de los dispositivos de control del Estado mexicano, sin que ello tenga relación alguna con el verdadero  desarrollo social de ese sector de la población. En los hechos, el control de las instituciones ha promovido el despojo de las tierras a las comunidades indígenas, frente a la demanda imparable de la burbuja urbana de los valles centrales, que crece de manera descontrolada, desordenada e irregular.

Esta situación obligó a las comunidades indígenas originarias a trasladar su territorio a zonas boscosas altas, en promedio 2500 MSN. Ahí, en los bosques de oyamel, encino y ocote prosperaron esas comunidades, con un tipo de propiedad comunal o ejidal, y, con una precaria sustentación alimentaria por la poca productividad agrícola de las tierras altas. Sin embargo, esta situación, en apariencia idílica, está a punto de terminar por la enésima oleada de expropiaciones que ya preparan los gobiernos federal y estatal, ante la presión de las ciudades por apropiarse de recursos naturales estratégicos como el agua. Un factor correlacionado de presión, lo conforman las compañías inmobiliarias que desean levantar complejos habitacionales exclusivos. Un ejemplo reciente de tales tendencias expropiatorias, es la proyección de crecimiento metropolitano en Toluca, la Ciudad de México, y Cuernavaca, en los próximos 20 años. En la prospectiva de crecimiento de estas ciudades se contempla la expansión urbana con una ingeniería de redes hidrícas con la apertura de nuevos pozos de agua, sin considerar factores como el uso agrícola de las tierras, la renovación del recurso o la conservación de zonas ecológicas protegidas. Los primeros pasos ya se están dando al someter a revisión jurídica los Planes de Reordenamiento Ecológico-Territorial (PRET), lo cual, busca reducir las directivas restrictivas del uso de suelo, además de cancelar la organización y/o participación ciudadana. El objetivo es subordinar el PRET a los Planes de Desarrollo Urbano. Cabe puntualizar que hoy, el 70% del agua y el oxígeno, que se consumen en Cuernavaca, la Ciudad de México o Toluca, proviene de las zonas boscosas altas.

El despojo de las aguas comunitarias no es nuevo. La Constitución de 1917 estableció el carácter nacional de gran parte de las aguas que nacen o se localizan en territorio mexicano, lo que inició el despojo de las aguas pertenecientes a las comunidades originarias, aunque la reforma agraria, en su etapa cardenista, contemplara, al menos virtualmente,  la dotación y el reconocimiento de aguas ejidales y comunales. Luego, en 1922, Álvaro Obregón emitió un Decreto declarando todas las aguas superficiales de la Cuenca del Valle de México como nacionales. Esto no sólo fue una interpretación abusiva del Artículo 27 Constitucional; llevó también al desconocimiento de los derechos agrarios y territoriales de las comunidades, y el despojo de sus territorios se hizo ley. *Derechos de Autor ®