IMPACTO DE CFE EN DOS PUEBLOS INDÍGENAS DE OAXACA

EL IMPACTO DE CFE EN DOS PUEBLOS INDÍGENAS DE OAXACA

JORGE ANTONIO DÍAZ MIRANDA*

02 de enero de 2011

A partir de 1994 La Comisión Federal de Electricidad (en adelante CFE), realiza un extenso programa de reestructuración en su organigrama para incorporar una gerencia de asuntos sociales, que tiene como misión, coordinarse con instancias como la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI),  para evaluar, atender y solucionar los problemas sociales generados por la construcción, mantenimiento o ampliación de las plantas hidroeléctricas que administra. No obstante, en el estado de Oaxaca, con presencia de poco más de 1 millón ochocientos mil indígenas, perviven hasta hoy, problemas sociales generados por CFE hace una década, al construir las plantas hidroeléctricas del Temazcal y Cerro de Oro, ambas sobre el río Papaloapan. La construcción de estas plantas desplazó de manera forzada a cuarenta mil indígenas mazatecos y chinantecos de sus TERRITORIOS originarios, trasladándolos a lugares de baja productividad agrícola, escaza precipitación pluvial  e insuficiente generación hidríca. Desde un punto de vista cultural, las acciones de CFE, fueron caracterizadas por el Banco Mundial y Naciones Unidas como “Insensibles” con respecto a las relaciones tradicionales de estos pueblos indígenas con la tierra y el agua, que están incorporadas a los ciclos agrícolas que ellos observan y su cosmovisión. Aunado a ello, también se cuentan los impactos masivos hacia estas poblaciones en detrimento de su calidad de vida y desarrollo social, tras la enorme emergencia sanitaria por falta de agua en los nuevos asentamientos.  Desde luego que, los problemas ocasionados por CFE -irónicamente caracterizada como una “compañía de clase mundial”-, han generado movimientos de resistencia indígena en Oaxaca, cuya única respuesta de parte de las autoridades federales y estatales, ha sido la represión militar, policiaca y paramilitar.

El tratamiento de los problemas generados por CFE, pone de manifiesto  la ausencia de políticas públicas para reasentamientos como sí los tienen para la construcción, además, de considerar erróneamente que estas instancias de interés público,  no están obligadas por ley a focalizar la resolución de problemas de desarrollo social y económica que genera la expansión de su infraestructura en territorios indígenas. Por consiguiente, el rompimiento de cadenas productivas en núcleos agrarios, no tiene, al menos en Oaxaca, importancia para CFE, toda vez que no reconoce los efectos paralelos, como el desempleo, el desabasto alimenticio y el despojo patrimonial. Las únicas acciones que CFE contempla para atender la expropiación de tierras comunales y ejidales es la indemnización que el mismo gobierno federal fija y canaliza a través de fondos administrados no por los afectados, sino por intermediarios y receptores estatales y municipales. En ese sentido, falta una evaluación externa de cómo y cuándo esos fondos federales de indemnización llegan a las comunidades indígenas. Pero, los problemas no se resuelven solo con el pago por la tierra expropiada, ya que además, se lesionan la forma tradicional de vivir, la organización comunitaria, la supresión del acceso a recurso como el agua, y la cancelación de actividades productivas con los que las poblaciones indígenas subsisten. Pero más lesiva resulta aún esa ausencia de visión social en CFE si  se considera la marginación crónica en que se encuentran las comunidades indígenas de Oaxaca, definidas por INEGI como los estratos sociales más pobres de México, con severas deficiencias alimentarias, patrimoniales, educativas y de salud.        *Derechos de Autor ®