CAMBIO DE USO DE SUELO EN MORELOS COMO TENTATIVA DE PRIVATIZACIÓN DE EJIDOS Y COMUNIDADES

CAMBIO DE USO DE SUELO EN MORELOS

COMO TENTATIVA DE PRIVATIZACIÓN

DE EJIDOS Y COMUNIDADES

By JORGE ANTONIO DÍAZ MIRANDA

Domingo 10 de febrero de 2013

Sectores de las élites gubernamental, burocrática, académica, política y empresarial, con intereses en la modernización carretera, empresarial e inmobiliaria, presionan a ejidos y comunidades de Morelos para implantar un nuevo reordenamiento territorial, cuya base fundacional es el cambio de uso de suelo y el traslado de porciones estratégicas de sus respectivos núcleos territoriales al régimen de propiedad privada.

A partir de la modificación del artículo 27º constitucional de diciembre de 1991, impulsada por el gobierno priista de aquel tiempo encabezado por Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), que hizo posible legalizar procesos de privatización de tierras comunales y ejidales; se ha desatado una feroz especulación de compradores de tierra morelense pagándola a precios irrisorios.

Desde luego que la modificación constitucional de 1991 no fue concebida azarosamente, sus precursores ya estaban presentes en el pasado reciente con el estancamiento de la producción agrícola, el desconocimiento de los derechos tradicionales de los núcleos agrarios indígenas y el desmantelamiento de apoyos financieros para el sector campesino popular.

La aguda crisis actual del campo mexicano es producto de políticas erróneas adoptadas desde el sexenio “modernizador” de Miguel Alemán Valdés (1946-1952), las cuales fueron extendidas silenciosa y premeditadamente, hasta el sexenio de la “austeridad republicana” de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988). Este prolongado intervalo de tiempo, que registra la época de oro del partido único en el poder (PRI), se caracterizó por el desvío millonario de fondos financieros para el campo a favor de acaparadores y la gran industria agropecuaria.

La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte en 1994, no hizo más que agudizar el abandono gubernamental del campo, obligando a las poblaciones rurales a una emigración forzada hacia Estados Unidos.

Posterior al sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y más agudamente durante los sexenios panistas de Vicente Fox Quezada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se hizo evidente el desinterés del Estado mexicano por ofrecer a ejidatarios y comuneros certeza jurídica ante los tribunales agrarios, oponiéndose a cualquier intento de estos por actualizar sus respectivos inventario territorial, censo agrario o el traslado de dominio a sus hijos y nietos para ampararlos bajo la Ley Federal Agraria.

En ese marco de opaca política pro-empresarial de los gobiernos panistas, la falta de reconocimiento legal de la propiedad comunitaria y ejidal, significó, de facto, pisotear los derechos humanos de las comunidades indígenas y de los núcleos agrarios, orquestándose a través de artilugios jurídicos, el despojo y la marginación, la enajenación de tierras y la expropiación de recursos naturales (como el agua y la madera); además de continuar el desvió de recursos públicos hacia los monopolios de la industria agropecuaria (nacional o extranjera), beneficiarios preferentes en el último eslabón de la cadena clientelar del gobierno. La fallida gestión gubernamental de favoritismo agroindustrial terminó en fracaso rotundo de producción alimentaria y una vez más los apoyos financieros quedaron en manos de terratenientes, lideres, acaparadores y organizaciones civiles sin ninguna participación real en las actividades productivas agrícolas. Así las cosas las consecuencias desastrosas no se hicieron esperar: la crisis de abasto alimentario explotó condenando a 3 de cada 10 mexicanos al estatus de pobreza alimentaria. Lo más injusto de tal situación es que de esas tres personas de cada 10 que padecen pobreza alimentaria, 2 viven en áreas rurales. Es decir: ¡los núcleos rurales que producen el 60% de la producción alimentaria del país son precisamente los más afectados por el desabasto de alimentos¡.

Pero el deterioro de los núcleos agrarios no pararía ahí, de hecho, siguió profundizándose con la presión del crecimiento urbano desordenado.

Una característica distintiva de los planes de desarrollo urbano de los gobiernos estatales, a partir de la década de los 70´s del siglo XX, es el autoritario centralismo que favorece a las capitales de los estados, la cuales no dejan de crecer de una forma desordenada.

En Morelos dos gobernadores adoptaron a rajatabla este modelo autoritario de desarrollo urbano centralista, sobreexplotando los recursos naturales e impulsando la agresiva expansión urbana de Cuernavaca: A. L. Bejarano y Lauro Ortega Martínez. El primero con su “expropiación de tierras ociosas para asentamientos humanos” y el segundo con la apertura de pozos de agua para colonias populares dentro de reservas ecológicas como la del P.N. Tepozteco.

Desde entonces el crecimiento desordenado de Cuernavaca, impone a los municipios periféricos una presión adicional para compensar el desequilibrio en la distribución de recursos vitales para la sustentabilidad. En su última expresión voraz este modelos de desarrollo urbano centralista, se inclina peligrosamente al Bosque de Agua y hacia el Texcal, como áreas proveedoras de agua para la ciudad capital ante el colapso o contaminación de sus mantos acuíferos. En la misma prospectiva se menciona a los municipios de Temixco, Yautepec o Cuautla como sitios potenciales para la apertura de nuevos rellenos sanitarios con lo que se buscaría solucionar el grave problema de basura que padece la capital de Morelos.

En el recuento de factores de riesgo que trae consigo la expansión urbana, no puede dejar de mencionarse la multiplicación de conjuntos habitacionales que por definición son inviables y han provocado, por ejemplo, la desaparición de las tierras arroceras de Cuautla, el exterminio de tierras altamente productivas de maíz, cebolla, calabaza y sorgo en Xochitepec, Tezoyuca, Tlaltizapan, Tlaquiltenango, y Yautepec.

En resumen, la perspectiva actual de expansión urbana no es alentadora para comunidades y ejidos, pues da continuidad a la tendencia autoritaria de centralismo sin sustentabilidad con un conjunto de modificación del uso de suelo de gran impacto, por ejemplo:

1) La conexión de la autopista Golfo-Pacífico Siglo XXI, que afectará áreas ejidales de Temoac, Cuautla y Tlaquiltenango;

2) La autopista Tres Marías-Fierro del Toro-Sta. Martha, para conectarla con la red carretera del Estado de México, despojando de potreros y agostaderos a núcleos comunales;

3) El libramiento Poniente del Capote de Acatlipa, cruzando zonas arbóreas de Cuernavaca y Temixco;

4) La ampliación a cuatro carriles de la autopista La Pera-Cuautla, afectando zonas boscosas y de Selva Caducifolia de Tepoztlán;

5) La superficie parcelada para instalar las plantas termoeléctrica y de gas en Huesca, Yecapixtla;

6) La utilización de terrenos del Cerro de la Tortuga para un conjunto habitacional de la constructora Geo;

7) La proyectada vía rápida Jojutla-Yautepec-Tlayacapan-Tlalnepantla-Xochimilco.

Todo lo anterior hace más que evidente que ni para Enrique Peña Nieto (presidente de México) ni para Graco Luis Ramírez Garrido Abreu (gobernador de Morelos), la conservación ecológica y el desarrollo de los núcleos rurales indígenas, son en modo alguno prioridades en su “nueva visión de desarrollo”, lo que en última instancia terminará por agravar la crisis de sustentabilidad de ejidos y comunidades, alcanzados por la crisis de inseguridad, empobrecimiento, alcoholismo, desempleo y desabasto alimentario. Ante este contexto adverso, apenas esbozado, ejidatarios y comuneros enfrentan un reto complejo, que les exige organizarse mejor y auto defender su territorio, lo cual, debe realizarse bajo las siguientes premisas con una proyección planificada:

a) Autonomía territorial como base material de los usos y costumbres indígenas;

b) Defensa de su sustentabilidad alimentaria e hídrica, empleando una racionalidad de conservación del hábitat ecológico;

c) Incorporación de tecnología renovable para la explotación de tierras, recursos naturales y diversificación agropecuaria;

d) Participación económica en los proyectos de desarrollo carretero, industrial e inmobiliario, con la creación de un fideicomiso para reforestación de áreas afectadas;

e) Reactivar los incentivos financieros para campesinos en núcleos agrarios indígenas eliminando el intermediarismo, el clientelismo político, la corrupción y el coyotaje;

f) Arrendamiento de las tierras afectadas, actualizado anualmente con base en el índice inflacionario a favor de comuneros y campesinos;

g) Realización de estudios de impacto ambiental y consulta democrática dentro de las comunidades afectadas;

h) Indemnización por daños y prejuicios a comunidades y ejidos.

Bibliografía:

Blanca Rubio (2012) La agricultura latinoamericana. Una década de subordinación excluyente. IIS-UNAM.

Mauricio Merino (2009), Los programas de subsidio al campo. Las razones y las sinrazones de una política mal diseñada. CIDE.

CONEVAL (2012), Informe Final de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social en México, 1998-2008.

HWR (2011) Neither rights nor security. Killings, Torture, and disappearances in Mexico´s “war on drugs”. USA. ISBN 1-56432-825-2.

IMCO (2012), El municipio: una institución diseñada para el fracaso. Propuesta para la gestión profesional de las ciudades.