martes, octubre 28, 2008

NEGOCIACIÓN DE REHENES

BY JORGE DÍAZ MIRANDA
2008
Acusado de proteger directamente al Cártel de Sinaloa, con una cauda documentada de acciones represivas lesivas de los Derechos Humanos de ciudadanos inocentes, además de ser la amañada herencia foxista en un área clave nada menos que de la seguridad pública del país, Gerardo García Luna es el responsable directo de los operativos que protegen la Cámara de Diputados en este período polémico de aprobación de la Reforma Energética. Sin resultados significativos y el agregado de los sucesos de escándalo como son el asesinato del Subprocurador General de Justicia del Estado de Morelos y la penetración del narcotráfico en todos los niveles estructurales de la SIEDO, AFI y PFP, el último recurso gubernamental de legitimación pareciera ser la represión. El designado oficial para realizar el trabajo sucio será el ingeniero Gerardo García Luna cuyo bajo perfil de desempeño lo enfila a ser el personero idóneo para encarnar el chivo expiatorio del sexenio futbolero. Si bien los "goles" que el Estado ha asestado al crimen organizado atacando sus fuentes financieras, consignando cabecillas y sicarios, y de acoso judicial a socios y familiares de los capos; dentro de una perspectiva amplia parecieran tratarse de pobres intentos ante el poderoso embate de la mafia a las instituciones gubernamentales, por la vía del sabotaje, la violencia, la cooptación-corrupción o el terror, cuyo resultado visible es la des estructuración y la demolición operativa de esas instituciones. La opción de poner al ejército al frente como instrumento de disuasión, intimidación y apoyo táctico no ha mejorado en nada la situación y lo único que deja en pie esta decisión es el poder de fuego de los criminales que se han cargado a 10 militares en la ciudad de Monterrey. El fracaso de los mecanismos internos de seguridad es responsabilidad directa de FCH, Juan Camilo Mouriño y de Gerardo García Luna. Del primero por sostener a estos funcionarios en cargos estratégicos después de haber demostrado deficiencias e inoperancia; del segundo por su desconocimiento y falta de oficio político, y en seguida por su proceder ilegítimo y superficial; del tercero por el enfoque reductivo de las tareas de seguridad hacia una esfera de intervención autoritaria con mediación y sin mediación de instrumentos jurídicos, torciendo la ley cuando se trata de personajes empoderados y ensañándose con aquellos que no pueden pagar ni un amparo. En este esquema de asedio de Numancia, el procedimiento legislativo para la aprobación de la Reforma Energética tiene más la apariencia de una negociación de rehenes que un ejercicio constitucional y democrático. Un acto terrorista por parte del Estado más que la libre expresión de un poder soberano - el legislativo- que sesiona reformas en un marco autónomo e independiente. No está en los ciudadanos que protestan junto con Andrés Manuel López Obrador, el peligro para México y sus instituciones republicanas. Están en el interior del gobierno y de las élites políticas corrompidas, los verdaderos factores de peso que pueden hundir el barco de la conducción democrática.

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