PEMEX
SOBRA
LA POLITIQUERÍA FALTA EL DEBATE
JORGE
ANTONIO DÍAZ MIRANDA
09 de agosto 2013
Los meses previos han sido de
un tenso posicionamiento vocinglero en los medios por parte de la troika
partidista, PRIPANPRD, para difundir a los cuatro vientos sus respectivos
diagnósticos, escenarios de quiebra y alternativas de modernización para
“salvar” a PEMEX de la inviabilidad financiera.
Al coro de la partidocracia se
ha unido las voces “autorizadas” de “expertos”, analistas líderes de opinión y
hasta el Consejo Coordinador Empresarial, para exigir la apertura de la
paraestatal al sector privado.
El tono de las tensiones subió
en las últimas semanas con entrevistas concedidas a los presidentes de los tres
grandes partidos, líderes de las bancadas, senadores, etc., en los principales
noticieros televisados y radiados, utilizados por estos actores como medios
para “litigar” la validez de sus posturas ideológicas, y, auto conferir
legitimidad a sus “propuestas”. El alboroto y el escándalo se abre paso entre
la clase política por el manejo de tiempos impuesto por el gobierno de Enrique
Peña Nieto que “parece” no tener prisa para presentar su propia iniciativa de
reforma.
Pero la verdad es que lo se ha dejado ver, lo que se
filtra como “información” para el dominio público pone de manifiesto mucha paja
y poco contenido. Discursiva y narrativamente se elude abordar los problemas y
sus determinantes causales, las explicaciones de cómo PEMEX ha llegado a la
situación actual, y la forma en que históricamente la empresa paraestatal ha
sido utilizada para mantener la bonanza de la clase política y empresarial de
este país. La uni direccionalidad mal intencionada con la que se señala de
forma insistente al sindicato como principal responsable del despilfarro de los
recursos petroleros, pretende hacernos olvidar capítulos históricos recientes y no tan recientes en los que PRI y
PAN han utilizado los recursos petroleros para financiar sus campañas
políticas. Pretende hacernos olvidar que el régimen fiscal de PEMEX le obliga a
entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público más del 50% de sus
ingresos, los cuales nunca se sabe a ciencia cierta para qué son utilizados y
cómo han contribuido al desarrollo social o económico del país.
Por otro lado hay un consenso
discursivo unívoco, de partidos, expertos y líderes de opinión, el cual pretende hacernos creer que la única
solución viable para la paraestatal consiste en “formalizar” la participación
del sector privado en áreas clave como la exploración, la refinación y todos
los sectores derivados de la petroquímica; alegando que en los hechos ya es así
sin “menoscabo” de la soberanía nacional. El único problema con tal “sentido
modernizador” es que se ha convertido en una trinchera transexenal que se evoca
cada vez que sale a la luz el “esquema operativo retrogrado de la producción
petrolera”. El golpeteo mediático con “debates” arreglados conduce a final de
cuentas a la conclusión de que son los políticos y sus redes de intereses a
quienes interesa privatizar los sectores clave de PEMEX. El asunto es que,
justo esa visión piensan implantarla con la “mediocracia” del voto legislativo
sin importar qué piense la gente o incluso si está en contra. Desgraciadamente
esa es la piedra filosofal de la política a la mexicana, una pura simulación de
representación de los intereses públicos
y una votación arreglada entre las cúpulas que después saldrán a decir,
“generosamente” apoyados por las televisoras y medios masivos de comunicación, que
lo que hicieron fue por el “bien” de México.
Pero aún cuando se clarifique
tal sentido en las propuestas de la partidocracia dominante, otra vez faltan
las razones, las explicaciones, los argumentos de por qué precisamente “ese”
camino sea el único que puede “eficientar” la producción petrolera y catapultar
a la empresa hacia niveles de calidad internacional. Falta, además, legitimar
el argumento de la privatización a partir del tipo de beneficios que la
ciudadanía obtendría directamente, como por ejemplo, precios de gasolina más
accesibles tal como correspondería a un país productor de hidrocarburos. Además,
deben explicarnos los políticos por qué el marco regulador de la participación
privada va después de la apertura de PEMEX a ese sector. Abrir PEMEX a la inversión
privada es tanto como otorgar a los particulares un cheque en blanco. En todo
el mundo se han tenido problemas con los consorcios petroleros privados
precisamente por que la desregulación con la que operan los inmuniza de
indemnizar a los países por desastres en
su forma de operar la extracción, y en prueba de ello baste citar el caso British Petroleum y el accidente con la
sonda Deep Water Horizon. Las normas de regulación de Estados Unidos no
alcanzaron para imponer a este gigante petrolero ni la mitad del costo de los
daños provocados bajo el esquema de multas, y esto significa solo una cosa: el
poder de las corporaciones petroleras sí alcanza para doblar a los gobiernos.
Falta en el debate de la
apertura petrolera una comparación de vías: el camino de la privatización vs
alguna otra alternativa. La repetición insistente de que privatizar es lo mejor
pretende imponernos una sola visión, un solo camino, y en México sabemos hacia
dónde conduce eso: por ejemplo a monopolios estilo Telmex o al duopolio de las
televisoras o el abusivo esquema de CFE…
Un debate serio debe incluir
una evaluación los más completa posible y eso significa comparar casos de
países que han regulado a las compañías petroleras manteniendo la soberanía en
la administración de su recurso, con aquellos otros casos -que por desgracia
son mayoría- en que la regulación está ausente. Se necesita pues un debate más
amplio que ponga en la mesa todas las alternativas y no tan solo la que la
clase política defiende como “viable”: en ese sentido la impresión que nos deja
su insistencia es que justo el tipo de
modernización que prefieren no les exige pensar ni trabajar. En tal sentido la
sociedad debe exigirles hacer eso al
gobierno y a los legisladores, “trabajar y pensar” y no sólo montarse en el
sonsonete acostumbrado de las descalificaciones, las amenazas y el escándalo del nacionalismo ultranza.
Una buen comienzo para pensar
otra alternativa pasa necesariamente por las siguientes condiciones: eliminar
el régimen impositivo de PEMEX, invertir en una petroquímica propia con ayuda
de las universidades públicas, automatizar la exploración y la producción,
regular la participación del sector privado que no rebase más allá de un 30%
del costo de la inversión total, tasar con multas equivalentes el impacto
ecológico de las operaciones de exploración y producción, que los políticos
saquen sus manos de la paraestatal y que se auditen las cuentas de la
dirigencia sindical para redistribuir las ganancias petroleras hacia una
inversión para el desarrollo social de nuestro país. Brasil, Noruega, Rusia e India
nos indican que hay otras alternativas mejores que solo privatizar.
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