Apoyados con tanquetas, cientos de soldados, junto con policías federales y estatales de Morelos, se desplegaron en el poblado de Xoxocotla, municipio de Puente de Ixtla, para desalojar a colonos que bloqueaban desde hace 11 días la carretera federal Cuautla-Jojutla. En Oaxaca, Michoacán y Chihuahua hubo movilizaciones para exigir que cese la represión contra profesores Foto Margarito Pérez/ Diario de Morelos. Publicado en http://www.jornada.unam.mx/2008/10/10/index.php.
BY
JORGE ANTONIO DÍAZ MIRANDA
2008
Proviene de la década de los 50´s la concepción de utilizar al ejército para sofocar movimientos sociales y esto coincide con los convenios de colaboración e intercambio con el ejército de los Estados Unidos. La integración castrense nacional a las directrices operativas del comando norte de los E.U., comprende entre otras cosas el combate estratégico antiinsurgente y la lucha contra el crimen organizado, en el marco de un enfoque global estratégico-totalitario de seguridad. Sí bien esta concepción ha sido abandonada en los países desarrollados por la distensión que trajo el fin de la Guerra Fría, en latinoamérica este enfoque parece haber llegado para quedarse. De hecho sigue contando con el apoyo del gobierno de los E.U. pues constituye desde la concepción de sus aparatos de seguridad, inteligencia y espionaje (CIA, FBI, DEA), una estrategia de contención y estabilidad de aquellos países cercanos en vecindad. Es evidente que todas las armas vendidas por los Estados Unidos - e Israel- a países como México, Colombia o el Salvador, destinadas discursivamente al combate del trasiego de drogas, es empleada en su totalidad para operaciones encubiertas de ubicación, seguimiento e intervención contra movimientos sociales. En este rubro se inscribe el legado de la Escuela de las Américas y la verdad es que los militares mexicanos no andan muy lejos de sus coetáneos de armas en Estados Unidos en métodos de espionaje, captura, retención y tortura de líderes sociales. Por supuesto con contribuciones propias de corrupción y abuso de la violencia. En este contexto se inscribe la militarización de todos los aparatos de seguridad principalmente los cuerpos policíacos federales, las procuradurías, la policía judicial y la federal preventiva. La orientación de sus funciones es de espionaje político e investigaciones con sesgos facciosos, además de que su modus operandi es el acopio legal y principalmente ilegal de recursos provenientes de actividades delictivas. La legalización de estas prácticas de rapiña fue formalizada con la reciente ley de decomiso de los bienes del crimen organizado. La reforma reciente al código penal equipara las manifestaciones de oposición con actos criminales, tipificados como delitos de orden federal. Desde esa perspectiva el jefe supremo de las fuerzas armadas puede ordenar una intervención del ejército. Por consiguiente la decisión de intervención sólo puede venir directamente del Presidente de la República. Así, las personas indiciadas bajo este esquema de causión no tienen la protección de la justicia federal y pueden ser procesadas bajo criterios severos de alta peligrosidad como le sucedió a Flavio Sosa, uno de los dirigentes del movimiento magisterial de Oaxaca. El cinismo que encierra este esquema injusto pone de manifiesto la lejanía entre la legalidad y la justicia, y abona terreno para el ejercicio de la dictadura disfrazada de democracia constitucional.
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