Por: Redacción /
Sinembargo – enero 21 de 2014 - 0:02 Destacadas, México, Son decenas de
militares procesados en tribunales castrenses y del fuero federal por robo,
tráfico de drogas y armas de fuego. Transportaron drogas en vehículos de las
Fuerzas Armadas desde el Centro del país hasta Tijuana durante seis años. En el
Campo Militar Número Uno, soldados robaban armamento para venderlo al crimen
organizado mientras que en La Mojonera de Zapopan, hurtaban drogas para
venderlas entre sus compañeros. Mientras el entonces Presidente Felipe Calderón
encabezaba una costosa y sanguinaria guerra, elementos del Ejército garantizaban
el trasiego… hasta que fueron descubiertos Algunos grupos de militares han
competido por las rutas del trasiego de droga hacia Estados Unidos.
El narcotráfico ha permeado y corrompido todos los sectores
de la sociedad mexicana, no solo policiales y judiciales. A esta descomposición
social y gubernamental, no han escapado las Fuerzas Armadas del país, que
también han sido víctimas de la delincuencia organizada. Ya no solo se trata de
funcionarios policiales y mandos castrenses que brindan protección a los capos
del narcotráfico, sino de grupos de militares que han competido por las rutas
del trasiego de droga hacia Estados Unidos. Otros son mandaderos que apoyan
para que los traslados no registren contratiempos. Por fortuna, ha sido la
propia Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) la que ha descubierto las
traiciones, y actualmente procesa en su fuero a muchos de los soldados que
formaron bandas alternas y subalternas a los cárteles de Sinaloa, Beltrán Leyva
y La Resistencia, por citar algunos. Otros de los militares son juzgados en
tribunales del orden federal. El problema de la colusión entre narcos y algunos
soldados, data de la historia misma del narcotráfico; sin embargo, actuando
como grupos militares en el tráfico de estupefacientes a bordo de vehículos
oficiales, sustracción de drogas y armamento asegurado en instalaciones de la
SEDENA, el mal se multiplicó entre 2006 y 2012. En ese tiempo se descubrieron
por lo menos tres redes criminales: Primera. Soldados del área de Mantenimiento
de Simuladores de Tiro, adscritos a la Primera Región Militar. Realizaron hasta
13 viajes de marihuana, cocaína y metanfetamina, desde distintos puntos del
país hasta El Hongo en Tecate y El Aguaje de la Tuna, en Tijuana, a bordo de
vehículos militares entre 2006 y 2011. Segunda. Elementos castrenses sustraían
armamento de los depósitos de materiales de guerra del Campo Militar Número
Uno, en el Distrito Federal, para venderlos a traficantes que abastecieron de
pistolas, fusiles y granadas a miembros de los cárteles Beltrán Leyva y La
Resistencia, entre 2006 y 2010. Tercera. Soldados de la XV Zona Militar en La
Mojonera, Zapopan, Jalisco, robaron entre los años 2010 y 2012, drogas diversas
del depósito de narcóticos de las instalaciones del 79/o. Batallón de
Infantería, para comercializarlas entre sus compañeros y hacia el exterior. En
todos los casos se detuvo a los involucrados, rebasando la cifra de veinte
elementos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Militar y
encarcelados en las prisiones con las que cuenta la institución. Otros de los
inculpados fueron depositados en el Centro Federal de Readaptación Social
Número 5 “Oriente”, en Villa Aldama, Veracruz. CÉLULA DE MANTENIMIENTO El caso
más grave de corrupción y tráfico de drogas en la milicia, es el de una red
integrada por soldados vinculados a la Dirección General de Fábricas de la
Industria Militar, con sede en Tecamachalco, Estado de México, adscritos la
mayoría al Taller de Simuladores de Tiro. Se encargaban de dar mantenimiento a
los stands en toda la República y viajaban en un camión de la marca
International a esos sitios. Durante seis años, mientras daban el mantenimiento
en los Centros de Adiestramiento Regionales (CAR), en el vehículo oficial
transportaron drogas como marihuana, cocaína y metanfetamina (cristal) desde el
Sur y el Centro del país, hasta la frontera noroeste del país. También
trasladaban sacos o maletas con dinero en diferentes regiones. Los participantes,
más de diez soldados que alternaban sus intervenciones, recibían entre 10 mil y
35 mil pesos en cada ocasión por su participación en los traslados de droga o
de maletas con dinero, principalmente dólares americanos. Todo marchaba a la
perfección para el grupo criminal, pues nunca eran revisados en los puestos de
control instalados en las redes carreteras, tampoco al ingresar o egresar de
instalaciones militares, hasta que el 18 de febrero de 2011, el Teniente
Coronel de Zapadores, D.E.M. Ramón Márquez Hernández, comandante del CAR de la
Segunda Región Militar, los descubrió. El mando castrense se retiraba del CAR
de El Aguaje de la Tuna en un automotor, cuando observó que afuera del
simulador de tiro estaban estacionados un camión verde olivo y una mini-van
civil. Varios soldados vestidos con uniforme pixelado verde, extraían del lugar
unos bultos hacia el vehículo civil. Al bajarse de su unidad y verificar la
acción, se dio cuenta que se trataba de metanfetamina (cristal). La célula de
mantenimiento había repetido esa misma acción en doce ocasiones anteriores.
Hacían los viajes en promedio dos veces al año. A veces dejaban los cargamentos
de droga en un punto del poblado de El Hongo, y la mayoría de las oportunidades
lo hacían dentro de las instalaciones del CAR tijuanense, cuando se permitía el
ingreso de vehículos particulares. MODUS OPERANDI De acuerdo a la causa penal
99/2011, iniciada por el Juez Tercero Militar, adscrito a la Primera Región
Militar, la célula de mantenimiento blindado era integrada para los viajes a
Tijuana por el Capitán Primero Reparador, Juan López Raymundo “El Relax”, quien
se encargaba de seleccionar al personal; y por el Sargento Primero Oficinista,
Juan Antonio Rojas Campos “El Chocorrol”, quien contactaba con personas civiles
para adquirir la droga, y vigilar su traslado y entrega en la frontera. Rojas
Campos estuvo comisionado un tiempo, a inicios del nuevo milenio, en la Segunda
Región Militar, por lo que conocía al personal del Centro de Adiestramiento
Militar y a un sinnúmero de personas, entre ellos traficantes de drogas.
Presumiblemente, algunos de sus hermanos y primos, vecinos de la frontera, le
apoyaban. “El Chocorrol” viajaba como parte del equipo militar, y en otras
ocasiones se trasladaba por sus medios para recibir a sus subalternos. Otro de
los implicados, el Sargento Primero de Materiales de Guerra, Daniel Aguilar
García “El Tomate”, se encargaba de que el vehículo militar se cargara con
droga, ya fuera en instalaciones oficiales donde se hacían las reparaciones del
equipo de tiro, o en brechas y carreteras. Después se ocupaba de la entrega de
estupefacientes civiles y realizaba el cobro correspondiente en Tijuana. “El
Tomate” también participaba en repartir las tareas al personal militar.
Generalmente salían del Centro de Mantenimiento Blindado de la SEDENA en la
Ciudad de México, para dar mantenimiento a los simuladores de tiro de los
Centros de Adiestramiento Regional de las diversas zonas militares del país.
Los puntos que se visitaban durante el recorrido para transportar la droga en
cantidades de hasta una tonelada eran: * CAR de la VII Región Militar, Rancho
Nuevo, Chiapas. * CAR XII Región Militar, en Peña del Coyote, Morelia,
Michoacán. * CAR V Región Militar, en Jamay, Jalisco. * CAR de la II Región Militar,
El Aguaje de la Tuna, Tijuana, Baja California Las giras de mantenimiento para
transportar drogas, se efectuaban a principios de cada año, entre enero y
febrero el primer viaje, y entre agosto y octubre, el segundo. Entre sus
contactos que entregaban la droga al paso del camión militar, estaban desde
civiles hasta agentes de la Policía Federal Preventiva que no fueron
identificados, mientras que entre los receptores, se menciona a un agente del
Ministerio Público adscrito a Tecate. Además de las instalaciones de
adiestramiento referidas, otros puntos que sirvieron para recoger sacos de lona
color verde olivo con paquetes de marihuana, cocaína o metanfetamina (cristal o
pastillas), fueron caminos de San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, en
Chiapas; Naucalpan, Estado de México; Guadalajara y Zapopan, Jalisco; Mazatlán,
Culiacán y Los Mochis, en Sinaloa; así como en Caborca, Sonora. Personas
civiles esperaban el paso del vehículo militar en lugares previamente acordados
para entregar los sacos de lona y maletas de viajero. Algunos de los
traficantes o intermediarios, fueron identificados con los alias de “El Pelón”
y “El Güero”. Otros son Juan Manuel Maldonado Álvarez “El Charlie”, Salvador
Quintero Beltrán “El Chava” y Alfredo Quintero Beltrán “El Jabalí”, presuntos
integrantes del Cártel de Sinaloa que dirige Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
EXPEDICIONES AL NORTE Según las
actuaciones integradas por la justicia castrense, el primer traslado de droga
ocurrió a inicios de 2006. En una carretera de Sinaloa, civiles que viajaban en
una camioneta Ford Lobo entregaron a los soldados aproximadamente 30 sacos de
lona con paquetes de aluminio que contenían cocaína. El alcaloide llegó a su
destino en una casa habitación de Tijuana. El segundo evento se registró cuando
entre Mazatlán y Culiacán, el vehículo oficial se desvió por una brecha, y
civiles que estaban en una camioneta entregaron a los militares unas cajas de
cartón que contenían droga, sin conocerse el tipo ni la cantidad. El cargamento
fue devuelto a civiles que ya los esperaban en las inmediaciones de Caborca. En
una avenida de Guadalajara se gestó el tercer traslado, cuando personas civiles
le dieron al sargento Daniel Aguilar unas maletas color azul con
estupefacientes, las subió junto con sus compañeros al camión International
verde olivo y las llevaron hasta el Centro de Adiestramiento Regional de la II
Región Militar, de donde fueron extraídas en un automotor particular. En fecha
diversa, el Teniente de Arma Blindada, Iván García Cabrera, que iba al mando,
ordenó al chofer del camión oficial que se metiera a una brecha antes de llegar
a Culiacán. Sujetos que esperaban en una camioneta tipo vagoneta les entregaron
sacos de avío con droga que se transportó hasta el CAR del Aguaje de la Tuna.
Después, en la misma unidad militar se hizo la entrega en un lugar de
terracería. La quinta vez que se trasladó droga con la misma forma de operar,
fue cuando en una gasolinera de Mazatlán, sujetos que abordaban una camioneta
pick-up negra les cargaron con dos maletas oscuras. El flete llegó a las
instalaciones militares de Tijuana para ser entregadas de noche. La ocasión
siguiente, fueron entre diez y doce sacos verdes los que se cargaron a las
afueras de Los Mochis. En el CAR de Tijuana la droga fue sacada en una
camioneta tipo Blazer. La propia base de los soldados traficantes no escapó de
ser utilizada como punto de carga de enervantes. En las instalaciones de la
Dirección General de Industria Militar, en el Distrito Federal, fueron subidas
dos maletas al camión oficial, pero solo sirvió para sacar la droga al exterior
donde se le entregaron al Teniente García Cabrera, que las trasladó por sus
propios medios hasta el centro de adiestramiento bajacaliforniano. “El
Chocorrol” le recibió el cargamento. A la salida de Guadalajara, antes de
llegar a la autopista a Tepic, Nayarit, los militares ejecutaron el octavo
evento de ilícito traslado de enervantes. A un costado de la carretera, civiles
que ocupaban una camioneta blanca entregaron diez cajas de cartón con narcóticos
que en la unidad castrense siguieron su ruta hasta El Aguaje de la Tuna. En la
noche salieron del cuartel militar en un vehículo civil. TAMBIÉN IBAN AL SUR
Incluso se realizaron viajes desde San Cristobal de las Casas, Chiapas, hacia
la Ciudad de México.
En otra ocasión, el sargento Rojas Campos “El Chocorrol”
entregó a sus subalternos dos maletas de color negro en el estacionamiento del
Centro de Mantenimiento Blindado de la Ciudad de México. La carga fue subida al
camión International y trasladada hasta el CAR de la Segunda Región Militar,
donde el propio Rojas, que viajó por sus medios, les recibió la droga en una
camioneta Caravan que introdujo al simulador de tiro. El décimo viaje inició
tras el mantenimiento brindado a las instalaciones militares de Jamay. En una
gasolinera de ese poblado de Jalisco, los ocupantes de una camioneta pick-up
traspasaron diez u once cajas de cartón con droga al vehículo de los soldados.
La carga se entregó en una casa particular de la ciudad de Tijuana. En otro
momento, un cargamento de droga que se transportó en tres maletas de viajero
desde la capital de la República y a bordo del vehículo oficial, se entregó
antes de llegar a Tijuana. Individuos que circulaban en una camioneta de color
negro interceptaron a los soldados y se llevaron los velices. El sargento Rojas
Campos iba con los civiles. También desde el sur del país hubo traslados de
drogas hacia la Ciudad de México. En una gasolinera de San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, los militares les recibieron cajas de cartón con droga a dos
sujetos que estaban en una camioneta van de color blanco. Cerca de Tuxtla
Gutiérrez, otros civiles les entregaron unas maletas. Los encargos se
entregaron en el DF. El último viaje, que significó el descubrimiento de la
operación ilícita de la célula de mantenimiento, ocurrió entre el 14 y el 18 de
febrero de 2011. Los soldados cargaron el camión oficial con droga en la
colonia Lomas del Hipódromo, en Naucalpan, Estado de México, y después salieron
con destino al CAR del Aguaje de la Tuna. La droga descubierta en el simulador
de tiro y en la mini-van civil por el Teniente Coronel, Márquez Hernández,
consistía en 79 paquetes semi-esféricos con metanfetamina (cristal), con peso
superior a los 925 kilos; 34 paquetes tipo ladrillo con 37.6 kilogramos de
cocaína; y tres recipientes tipo Tupperware con 3.6 kilogramos de metanfetamina
(cristal). Ahora se encuentran procesados los militares Juan López Raymundo “El
Relax”, Juan Antonio Rojas Campos “El Chocorrol”, Iván García Cabrera, Daniel
Aguilar García “El Tomate”, Moisés Alvarado Martínez, Roberto Alfredo Jiménez
Sandoval “El Burro”, Rubén Ramírez Balderas “El Babalú”, Javier Cruz
Alejandres, Romualdo Eduardo Martínez Ortega “El Abuelo”, Fernando Lozada
Ocadiz, y Anastacio Juárez Francisco “El Calaco”, además de otros soldados de
la Segunda Región Militar. EL ROBO DE ARMAMENTO Entre los años 2006 y 2010, ocurrió el robo
hormiga de armas y artefactos explosivos del Campo Militar Número Uno, en la
Primera Región Militar. Soldados que tenían acceso a los depósitos de
materiales de guerra sustrajeron gran cantidad de armamento para venderlo a
sujetos vinculados al crimen organizado. Algunos de los narcotraficantes
implicados declararon pertenecer originalmente al Cártel de Sinaloa, pero al
dividirse por pugnas internas, unos quedaron con los hermanos Beltrán Leyva, y
otros -años más tarde- con La Resistencia. En la causa penal 515/2010, radicada
en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del
Tercer Circuito, que inicialmente se conoció por un tribunal de Veracruz, son
procesados por lo menos cinco civiles y doce militares por su probable
responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada, en la
hipótesis de delitos contra la salud. En las actuaciones se establecen
diferentes momentos en los que los soldados, algunos pertenecientes al Tercer
Batallón de la Policía Militar, robaron fusiles, pistolas, subametralladoras,
cartuchos, explosivos, chalecos antibalas y piezas de armamento, para
entregarlo a otros militares que tenían tratos con narcotraficantes. Los
participantes eliminaban las matrículas y alteraban los números de serie del
armamento que extraían, con la finalidad de que dicho arsenal no se pudiera
confrontar con la base de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los
militares procesados son: Heriberto Juárez Acosta, José Luis Sarabia Camacho,
Arcadio Guerra Alatorre, Marino Pérez Martínez, Isidro Azamar Cervantes, Isser
Enoth Vera Cruz, Obed Jiménez Hernández, Abel Flores Cruz, Felipe Cumplido
Santos, Adalberto Rodríguez Castillo, Héctor Hugo García Pelcastre y Arcibiadez
de la Cruz Clemente. Mientras que los civiles que presuntamente formaban parte
del crimen organizado y que también son juzgados, fueron identificados como
José Antonio Cajigal Guízar, Rafael Jesús Rodríguez Martínez “El Cholo”, Jorge
Carlos Hurtado Castelazo “El Chilango”, Juan Manuel Romero Ayala y Rodrigo
Riviello Gutiérrez -sobrino del ex secretario de la Defensa en el sexenio de
Carlos Salinas de Gortari, Antonio Riviello Bazán-. Ellos también están
encauzados por delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso
exclusivo. NARCOMENUDEO MILITAR Los militares también sustrajeron drogas como
cristal, cocaína y metanfetamina durante dos periodos. Primero, todo un año, de
diciembre de 2010 a diciembre de 2011, y después, entre los meses de marzo y
julio de 2012.
En la XV Zona Militar también ocurrieron hechos en los que la
SEDENA puso enérgico freno, tras descubrir el robo de drogas del depósito de
narcóticos de las instalaciones del 79/o. Batallón de Infantería, en La
Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco. La sustracción de drogas como cristal,
cocaína y metanfetamina en distintas modalidades, se registró en dos periodos,
de acuerdo con investigaciones de las propias autoridades castrenses. Primero,
todo un año, de diciembre de 2010 a diciembre de 2011, y después, entre los
meses de marzo y julio de 2012. Soldados y un civil que anteriormente
perteneció a la milicia participaban de las ilícitas actividades. Presuntamente
el particular corrompió a sus ex compañeros, quienes “participaron con él para
poder sacar narcótico, vigilar que nadie los viera, o aventarse el ‘jale’ de
entrar a dicho depósito, y finalmente, sustraer y transportar el narcótico”. La
droga robada era ofrecida para su venta y/o intercambio de objetos entre los
propios soldados del Batallón. En el exterior, en algunas colonias de Zapopan,
también se detectó la venta y consumo de las sustancias extraídas ilegalmente
de las instalaciones militares. El escándalo interno en esa región de las
Fuerzas Armadas llevó a la prisión militar a los soldados, y sometió a proceso
penal en el fuero de guerra al Comandante del 79/o Batallón de Infantería,
Coronel Dagoberto Hernández Santiago, y al Mayor Rafael Ortega Martínez, por el
delito de desobediencia, al atribuirles la falta de seguridad en el local del
depósito de narcóticos. A ambos mandos se les dictó formal prisión en agosto de
2012, bajo la causa 483/2012 del Juzgado Militar adscrito a la V Región
Militar, y se les redujeron sus percepciones salariales al 50 por ciento por
parte de la pagaduría castrense. Hernández Santiago obtuvo un amparo a finales
de 2013, y a Ortega Martínez lo ejecutaron a balazos el 5 de julio del mismo
año, frente a un parque del fraccionamiento Jardines Universidad, en Zapopan,
Jalisco. Dos sicarios fueron detenidos y confesaron que les iban a pagar por el
homicidio, pero no abundaron en la identidad de los autores intelectuales.
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