LOS INCENDIARIOS DE LA EDUCACIÓN

LOS INCENDIARIOS DE LA EDUCACIÓN

JORGE ANTONIO DÍAZ MIRANDA

Miércoles 1 de mayo de 2013

Mezquina, plana y simple, fue la visión que Enrique Peña Nieto tuvo desde un principio para imponer su reforma educativa. El planteamiento táctico de encarcelar a Elba Esther Gordillo y desactivar con “eso” la resistencia social a su reforma, se ha revelado como un enorme equívoco ante la complejidad social develada por el movimiento. La reforma educativa que no es ninguna reforma de fondo más que en el aspecto laboral, deja intactos la opacidad, las redes de tráfico de influencias, la corrupción y los privilegios de los privilegiados del magisterio, desplazando sólo un ápice la jetatura de la maestra y su camarilla. En cambio, deja en orfandad jurídica a los profesores que si trabajan frente a grupo en las condiciones más precarias dentro de comunidades indígenas que padecen pobreza crónica tanto patrimonial como alimentaria. No es raro por tanto que el estallido social se ubique en los estados con mayor presencia indígena, ahí donde se padeció en serio los efectos del maridaje entre los “políticos” y la corrupción del SNTE, cuando el rumbo de la educación era concertado sólo por Gordillo y el presidente en turno. Sexenios de simulación no pudieron tapar con su dedo dictador los rezagos, la inmovilidad o la involución, justo ahí donde la deserción escolar, el saqueo del sector educativo y la pobreza sentaron sus reales. Justo ahí donde todas las condiciones de malestar social se acumularon, cobrándoles a los niños indígenas una factura elevada de desnutrición crónica con efectos cognitivos y de salud a largo plazo. Justo ahí donde cientos de miles de profesores han trabajado horas extras por poco salario, mientras veían a los comisionados del SNTE en lujosas camionetas Hummer, cobrando sobresueldos, bonos de “productividad” y toda clase de prebendas y dádivas otorgadas por el gobierno. Justo ahí donde la brecha salarial entre profesores con plazas federales y estatales se hacía más y más grande. Justo ahí donde la entelequia democrática se disolvía con la presencia militar y policiaca, permanentes, en un gesto franco de pacificación forzada e imposición autoritaria. En el siglo XX Guerrero y Chiapas padecieron la represión militar más despiadada, aunque los problemas que generaron la resistencia indígena aún no terminan. En el siglo XXI Oaxaca y Michoacán fueron sometidas a un asedio continuo, el primero por la lucha magisterial y el segundo bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico. El trasfondo de la intervención militar en esos estados, fue el control social y la contención de la insurgencia, pero con una profunda negligencia política para atender los problemas de las comunidades indígenas o su integración al desarrollo de la nación. En ese contexto, la pobreza y el hambre sólo eran tópicos de la demagogia oficial o motivos redituables para que la prensa volcara ríos de tinta para elogiar “la fuerza del gobierno en su lucha contra estos flagelos indeseables”. En términos reales, las políticas sociales de combate a la pobreza fueron soberbios ejercicios del fracaso, intencional y premeditadamente, sólo significativos por los recaudos electorales obtenidos por los tres principales partidos políticos, quienes se dedicaron a forjar “legales” carteras clientelares, desviando así cuantías millonarias del erario público para sus intereses particulares. A la ofensiva policiaco-militar se acoplaron las grandes televisoras, Televisa y TV Azteca, para alinearse al gobierno y sustituir la realidad con comerciales edulcolorados o barras de programas asistencialistas; y todo con el debido pago de horario triple “A”, otra vez extraído del erario público. La posición de los media se ha mantenido en una línea de criminalización de la protesta social y la represión, como consignas de su línea editorial, por lo demás siempre atenta a subir las tarifas para no hablar de los escándalos de la clase política o de la realidad del México bronco. Lamentablemente los cálculos del oficialismo siempre van varios pasos atrás de la complejidad social y en este hoy de ambiciosas reformas políticas emergen los viejos problemas liberados de las cadenas de simulación. Por eso se manifiestan los maestros. Por eso se manifiestan las comunidades indígenas con su policía comunitaria. Por eso estalla la violencia social por la pobreza y el hambre que siguen escalando sus niveles de oprobio. Por eso la “gente” se aleja de los políticos y sus mentiras, de sus simuladas verdades y su ignorancia sibilina. Por eso se reedita la protesta social y se reorganiza, ya no son sólo los maestros, ahora vienen con sus familias, las comunidades donde ellos dan clases y todos los que han sido marginados del desarrollo. Ante esto, cabe la posibilidad de que los verdaderos incendiarios de este país, es decir, políticos, militares, élites y televisoras, planeen un incendio mucho mayor del que han provocado y desde ahora han comenzado a justificarlo: sus llamados a la represión anuncian una guerra largamente premeditada.