CRISIS ALIMENTARIA EN MÉXICO

CRISIS ALIMENTARIA EN MÉXICO

JORGE ANTONIO DÍAZ MIRANDA*

16 DE ENERO DE 2012

Tras evaluar las políticas públicas de subsidio al campo, reunidas bajo el programa federal PROCAMPO e Ingreso Directo, correspondientes al período 1994-2009, las conclusiones del grupo de expertos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) (1) no dan lugar a equívocos: los objetivos institucionales trazados por SAGARPA no se cumplieron, ya que la transferencia de recursos del Estado se ha utilizado únicamente para inyectar “estabilidad política y construir respaldos políticos para los gobiernos estatales y municipales”.

El conjunto de reglas y procedimientos rígidos para la integración de los padrones de beneficiarios y para la entrega de los subsidios favoreció la desviación, abriendo la puerta a la corrupción, al tráfico de influencias y al acaparamiento  de los recursos para el desarrollo agrícola. Lo que quiere decir que los beneficiarios de los programas no fueron campesinos ni jornaleros, sino empresarios y organizaciones sociales, afiliados a los partidos políticos hegemónicos como PAN, PRI y PRD.

Los datos existentes son suficientes para afirmar que los recursos de PROCAMPO no sólo se apartaron de sus fines sino que han creado una exigencia social y política, apoyada en redes de intereses claramente identificables con grupos empresariales, confederaciones campesinas y organizaciones sociales y políticas, que no serían sujetos de subsidio federal por su notable prosperidad y viabilidad económicas. Además, esos beneficiarios no han ofrecido resultados significativos en términos del incremento de la producción o la competitividad agregadas del campo; pero si fueron notoriamente eficientes en el mantenimiento de la presión política para que los subsidios no decayeran a lo largo de quince años y para incrementar ganancias y beneficios personales, abiertamente, gracias a la transferencia neta de los recursos del Estado.

La emergencia de los “nuevos ricos agrarios” se debe entre otros factores, a esta burbuja de crecimiento de los recursos públicos para el campo, con operaciones masivas de suplantación de identidad y razones sociales privadas (vr. gr. Asociaciones Civiles),  que escapan al escrutinio de las instancias encargadas del establecimiento de transparencia y de la Auditoria Superior de la Federación (ASF). Por otro lado, los beneficiarios menos afortunados, de menores ingresos y menor número de hectáreas, no han conseguido mejorar su nivel de vida, ni aumentar la productividad de sus parcelas, ni condiciones igualitarias para colocar sus productos en el mercado.

Más claro aún: las organizaciones sociales y políticas que han “representado” a esos grupos marginados, han obtenido ganancias mayúsculas por el cobro de sus “servicios de representación y gestión de trámites”, lo que al final, representa una suma considerable de  subsidios desviados. Sobre esa base también han presionado al gobierno (estamos hablando de una presión política abierta), para mantener sus redes de beneficiarios y clientela política, así como los recursos destinados a estas.  

Con estos resultados a la vista, SAGARPA al igual que los gobiernos federal, estatal y municipal, son responsables de la crisis alimentaria que padece México, con un grado crítico  de dependencia alimentaria con 45%  de importaciones de granos y la malnutrición de 25 millones de mexicanos. *Derechos de Autor ®

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Notas:

(1) Mauricio Merino (2009) Los programas de subsidio al campo. Las razones y las sinrazones de una política mal diseñada. Documentos de Trabajo del CIDE Núm. 29. México D.F., septiembre de 2009. www.cide.edu